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Durante dos meses y una semana, la Comisión de Vigilancia, la Junta de Coordinación Política y la Unidad de Evaluación y Control del Congreso del Estado estuvieron fingiendo que realizaban las gestiones para dotar de personal a la última y polémica instancia.
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Luego, descubierta la intención de tomar ese trámite como justificante para engordar la nómina con más presuntos “recomendados”, como denunció Ciudadanos Observando el 5 de septiembre, las tres dependencias recularon una semana después, se señalaron unas a otras como las responsables del amago de engordar la ya de por sí obesa nómina legislativa y montaron un falso escenario en el que se ponía la integración de la unidad en un “impasse”.
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Así, propiciaron que quedara en el imaginario público el hecho de que no se habían autorizado las 20 plazas propuestas.
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Pero no fue más que una simulación, pues desde el 17 de julio pasado, la Junta de Coordinación Política ya había avalado la lista de personal propuesta de manera conjunta por la Comisión de Vigilancia y la Unidad, autorizando la contratación de las 20 personas.
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No será sino hasta hoy, si es que se cumple la agenda de la sesión de la Jucopo, cuando el acuerdo de esas contrataciones se deje sin efecto.
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¿Por qué las tres dependencias involucradas sostuvieron la mentira tanto tiempo? Queda claro que esta Legislatura, como otras, es sensible a los escándalos. Pero parece que la ambición de más plazas y los recursos que vienen con ellas pueden más.
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Es decir, que los diputados diseñaron “en lo oscurito” el reclutamiento de plazas. Al quedar al descubierto, fingieron recular, dejando sin efecto la entrada de nuevo personal y enviando al limbo legal el proceso.
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Sin embargo, los documentos de la Jucopo muestran que desde mediados de julio, cuando ni siquiera el escándalo de las 20 nuevas “aviadurías” estaba a la vista, ya se había autorizado la contratación de dos decenas de afortunados.
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Que no se atrevan los legisladores a decirse más honestos, más limpios o más tramparentes que sus antecesores. Claramente, son peor que ellos en algunos aspectos.
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El de la transparencia es uno de ellos. El acta de la sesión número 44 de la Jucopo, que debería estar desde principios de agosto en la página del Congreso y en la Plataforma Estatal, no está ubicable ahí.
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Fue preciso tramitar una solicitud de información para conseguir un documento que la Ley obliga a que sea público. Como ya lo es ahora, pese a los intentos de que no fuera así.
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Quedó muy claro que buena parte del contenido del primer informe de Xavier Nava Palacios estuvo dedicado a su antecesor, Ricardo Gallardo Juárez. Las comparaciones, en su favor, por supuesto, y las acusaciones fueron abundantes.
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Ayer, esa tendencia continuó, con el anuncio de la presentación de una solicitud al Congreso para inhabilitar al ¿aún? perredista de cargos públicos.
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Tiene material de dónde cortar el alcalde, dado el gran número de irregularidades que presentó la anterior administración.
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Pero no deja de ser una apuesta arriesgada la del presidente municipal, pues de quedar en nada, como quedan muchas acusaciones de corrupción en esta entidad, mucho del capital político de Nava quedará en entredicho.