Contradicción legislativa Tarifas sin polémica
La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado pondrá mañana a discusión del Pleno Legislativo los más de dos centenares de informes finales de la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre el ejercicio de recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2018.
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Técnicamente, el asunto es un mero trámite. El Pleno no evaluará las conclusiones de los informes, si los organismos auditados cumplieron o no las disposiciones o si incurrieron en alguna anomalía que mereciera observarse. Más bien avalará el cumplimiento de las formas por parte de la ASE en la elaboración de los informes.
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Sin excepciones, los informes presentan un dictamen aprobatorio. Luego de eso, la ASE continuará con el proceso en el que las dependencias auditadas solventarán las observaciones y, de ser el caso, ser sancionados si no lo pueden hacer.
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Sin embargo, se prevé que no falte algún integrante del Congreso que vote en contra, lo cual sería un poco incongruente por parte de algunos, si forman parte de la Comisión de Vigilancia, la fuente de origen de los dictámenes aprobatorios.
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Pero la contradicción no es algo raro en el Poder Legislativo. Para muestra, allí está el reclamo porque la ASE carece de órgano contralor interno.
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“El fiscalizador no tiene quién lo fiscalice”, es el argumento, sin siquiera recordar que esta situación se debe, precisamente, al Congreso.
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La pasada Legislatura extirpó a la contraloría interna de la ASE para crear la Unidad de Evaluación y Control, y la actual no ha hecho lo suficiente para suplir a ese organismo trasplantado al Congreso.
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Reclamar que no hay un órgano que se encargue de auditar a la ASE es una muestra de esa incongruencia.
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La idea de desligar la definición de las tarifas de agua potable y alcantarillado de los políticos, es decir, de los diputados, resulta interesante.
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Fue expresada dentro de la reunión de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, que se realiza desde ayer aquí.
El modelo, aplicado en la capital regiomontana a través del organismo Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, maneja la definición de las tarifas de una manera autónoma, sin la intervención de diputados o Cabildos.
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El Congreso del Estado ha demostrado que cuando le toca discutir las tarifas, siempre hay controversia.
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En una postura que se presume como de apoyo a los consumidores, pero que en realidad se basa en el temor a generar inconformidad que luego se refleje en las urnas a la hora de brincar a otro puesto, los diputados juegan a la fácil rechazando las tarifas.
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Eso afecta al Interapas, al que ni siquiera se le concede el incremento inherente a la inflación. El resultado es una falta de recursos crónica.
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El organismo operador y la alcaldía, hay que decirlo, también han contribuido a esta situación, al proponer incrementos abusivos, como ocurrió el año pasado.
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La idea de un organismo ajeno a estos vaivenes, centrado en lograr un equilibrio entre la calidad de los servicios ofrecidos y el costo de estos, merece estudiarse.
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Habrá que ver si la alcaldía y los legisladores se atreven a renunciar de esa atribución.
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¡HASTA MAÑANA!
