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Por más argumentos, justificaciones y comparaciones ventajosas que hagan, las alcaldías de la capital y de Soledad de Graciano Sánchez deben enfrentar una realidad: son el motor del incremento de la inseguridad en el estado.
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Al ser, en teoría, la primera barrera de defensa de la ciudadanía ante las actividades delictivas, las autoridades municipales deberían garantizar ese deber. Con su falla, contribuyen, junto con las autoridades de los otros dos niveles de gobierno, el federal y el estatal, en la negativa situación que ha estado viviendo la entidad.
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El fin de semana se revisó el caso de la capital, con un alza en la actividad delictiva durante los ocho meses completos transcurridos este año de 35.4 por ciento.
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El que registró el estado en el mismo lapso fue de 43.1 por ciento. Y ahora, al revisar las cifras de Soledad, se registra un alza superior, de 43.6 por ciento. El municipio ya rebasó los cinco mil delitos y prácticamente presentó alzas en todas las categorías delictivas.
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La capital se defendió el dato señalando que hay categorías delictivas que presentan disminuciones, lo cual es positivo, pero en la fotografía completa, no se puede negar lo negativo de los resultados.
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Del ayuntamiento soledense se espera algo semejante. Sobre todo hoy que el alcalde Gilberto Hernández dará su informe de gobierno (por cierto, la alcaldía lo presenta como el cuarto, cuando en esencia, se trata del primero de su segundo trienio).
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Pero en el palacio de Gobierno y en las principales alcaldías del estado no pueden negar la realidad: son corresponsables de no impedir el avance de la delincuencia en la zona más habitada del estado.
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Cosas de la globalización, seguramente, pero resulta notorio que el desarrollo económico del estado está discutiéndose no sólo aquí sino en Estados Unidos.
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Así, tenemos a un senador demócrata defendiendo los derechos laborales de los obreros de Goodyear en San Luis Potosí, mientras que la empresa, allá, se defiende de los señalamientos.
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Sherrod Brown, el legislador por Ohio, no se convirtió de repente en el adalid del movimiento obrero potosino. Si pide mejoras salariales y de otro tipo, no es por solidaridad, sino que es una forma de presionar a la empresa llantera a igualar las condiciones de la planta potosina con las de sus similares en el vecino país, lo que haría innecesario que la compañía tuviera una planta aquí, si tuviera que pagar lo mismo que allá.
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Las autoridades y los industriales son renuentes a reconocerlo, pero es innegable que la principal ventaja de la economía de México ante Estados Unidos son los bajos salarios que se pagan aquí.
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De ahí el ataque del senador a la llantera estadounidense. Aunque suene justificada la exigencia, no hay que engañarse, el fin último no es proteger a los trabajadores mexicanos, sino evitar que las empresas de su país
vengan aquí.