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Lo inevitable ocurrió y la cascada de cancelaciones, suspensiones y aplazamientos de actos masivos por la emergencia médica causada por el coronavirus está arreciando y ya se llevó a la joya de la corona.
La Procesión del Silencio, maneja la Unidad de Gestión del Centro Histórico dio por cancelada la Procesión del silencio, situación inédita cuyos efectos serán muy negativos.
Pero aun así, son soportables si con ello se evitan la difusión del virus.
Así, la alcaldía se dio por aludida en el llamado de que fuera este nivel de gobierno el que decidiera sobre la cancelación de eventos. No era difícil y quizá haya costos políticos y económicos. Quizá por ahí la insistencia de que las decisiones fueran locales.
Ahora, la capital enfrentará una situación inédita y dolorosa, pero necesaria.
Como se anticipó en este espacio, el fin de semana se concretó la salida de Gabriel Rosillo de la Contraloría General del Estado. Así, acabó una polémica gestión que se desgastó por los resultados negativos de las auditorías federales a dependencia del Ejecutivo y, al interior del organismo, por una tirante relación del ahora ex funcionario con la mayor parte del personal.
Al quite entrará Óscar Alarcón Guerrero, que regresa a la función pública a la misma dependencia que ocupó hace años.
Tiene un reto bastante considerable. La primera prioridad, podría suponerse, es solventar la mayoría de las observaciones que acumularon un monto de más de cinco mil 400 millones de pesos en la cuenta pública 2018.
La segunda, es restablecer el tejido de la Contraloría, lesionado por la gestión de su antecesor.
Y tiene enfrente contribuir al rescate del Sistema Estatal Anticorrupción, que está al garete por el desinterés de las dependencias que lo integran, los roces entre funcionarios y el calamitoso estado en el que se encuentra el Consejo de Participación Ciudadana.
Con Alarcón Guerrero, el gobierno de Juan Manuel Carreras López tiene una nueva oportunidad para concretar lo que prometió cuando asumió el cargo: que el combate a la corrupción era una prioridad.
En 2019, el Congreso local recibió 310 millones de pesos como presupuesto. Si tomamos en cuenta que el índice de eficiencia en el trámite de iniciativas de los diputados es de menos del 35 por ciento, no es descabellado decir que el Legislativo en San Luis desaprovecha de manera lamentable el erario.
Lo que llama la atención es que, en contraste con las lamentables cifras del propio Legislativos sobre la efectividad de las comisiones, en las que trece de 21 aparecen reprobadas, los diputados presumieron, sin excepción, una marca destacable de efectividad en sus innecesarios informes de labores.
En este 2020, los integrantes de la LXII deberán ponerse a trabajar y, en lugar de enojarse por los malos resultados de los diversos indicadores usados para evaluarlos, incluyendo los propios.
¡HASTA MAÑANA!