Declive pre pandemia Pasto de amparos
Dos datos preocupantes revela el Índice de Progreso Social 2021, presentado por la organización México Cómo Vamos, que da un vistazo a la situación en los estados con datos de 2020. Es decir, analiza los estragos de la pandemia de Covid en las entidades.
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El primer golpe es el de la pandemia en sí. Que San Luis sea la tercera entidad que mayor baja resintió en la medición del progreso social de su población refleja que el estado fue más vulnerable al impacto que la mayoría de las entidades y que las medidas establecidas para paliar el golpe no funcionaron.
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El estudio coincide con el inicio del gobierno de Juan Manuel Carreras López, por lo que el estudio puede ser un monitor del desempeño de la pasada administración.
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Y aquí se registra el segundo impacto, pues los datos de México Cómo Vamos revelan que el deterioro del progreso social de la entidad empezó a gestarse desde antes de la pandemia.
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Tras una primera mitad en que un buen número de indicadores se elevaban, entre 2018 y 2019 empezó a gestarse una baja en los indicadores más sensibles, como el de salud, educación y, obviamente, seguridad pública.
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Nunca se sabrá cuáles hubieran sido los resultados finales de no haberse presentado la emergencia sanitaria, pero el estudio revela una disminución previa, que bien pudo haber magnificado los efectos negativos de la pandemia.
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En todo caso, el Índice de Progreso Social puede verse como una radiografía del desempeño de la pasada administración. Y el juicio no es positivo.
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El Congreso le cumplió al Ejecutivo el capricho de eliminar el cobro del derecho de control vehicular, aunque estableciendo excepciones que exponen a la medida a los amparos.
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Y es que hay sectores en ambos extremos de la pirámide social que consideran la medida excluyente. En el sector de mayores ingresos ponen en duda si el precepto de la progresividad es aplicable a este derecho, es decir, que paguen placas sólo los que pueden comprar un auto de más de medio millón de pesos.
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A diferencia de impuesto, en donde el pago depende de una base gravable móvil, en los derechos, la tarifa que paga el causante se circunscribe al servicio, sin importar el monto del bien que involucra tal servicio que ofrece la autoridad.
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En el rango inferior, parece que el principio de apoyar a los que menos tienen no aplicó. Hay quejas de automovilistas que dicen que son morosos, precisamente, por carecer de recursos para saldar las multas. La reforma a la Ley de Hacienda les niega tajantemente la oportunidad de renovar las placas, ni siquiera pagándolas, hasta que salden un crédito fiscal, que tiene otras vías de cobro.
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En términos llanos, el artículo tercero transitorio del dictamen viola el derecho de circulación.
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Estas situaciones convierten a la reforma que da la gratuidad a las placas en blanco fácil de
los amparos.
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¡HASTA MAÑANA!
