Del artículo 115 a la crisis Los recursos que faltarán

Una tormenta financiera se avecina para los 58 ayuntamientos de San Luis Potosí. El principal motivo radica en la disminución drástica de participaciones federales para el desahogo de actividades de gobierno. No sería la primera vez que los ayuntamientos queden muy limitados de gasto. 

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A partir de la reforma al artículo 115, los ayuntamientos por primera vez contaron con suficientes fondos proveídos desde la federación para el desahogo de actividades de gobierno tales como el desarrollo de infraestructura, transmisión de presupuesto a acciones de combate a la pobreza, entre otros.

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Sin embargo, presidentes municipales de todo el país, han advertido que en las últimas tres administraciones federales, emanadas de diferentes fórmulas políticas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por las seis cámaras de diputados antecesoras y las tres cámaras de senadores, han retirado progresivamente recursos a los ayuntamientos, con fines de redistribución.

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Incluso, a lo largo de casi 22 años, se ha vuelto a ver una legislatura federal que regrese a las regiones para profundizar en sus necesidades. Del año 2000 en adelante, poco a poco el compromiso de los diputados con sus ciudades de origen se ha venido desvaneciendo. Los jaloneos por el presupuesto se concentran en el progresivo crecimiento del control central del dinero, y presupuestos de egresos calculados para disminuir las dosis de recursos a los municipios y aumentar la soltura presupuestal del Gobierno Federal en turno, desde Vicente Fox Quesada hasta Andrés Manuel López Obrador, pasando por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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En esos periodos gubernamentales de caída libre del dinero federal para fortalecer a los municipios, han gobernado en primera instancia la alianza del Partido Verde con el Partido Acción Nacional de 2000 a 2006, del Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza de 2006 a 2012, del Partido Verde y el Partido Revolucionario Institucional de 2012 a 2018, y de 2018 a la fecha en el gobierno de coalición del Partido Movimiento de Regeneración Nacional con el Partido del Trabajo y los votos de mayoriteo del Partido Verde. En todos los casos, las legislaturas negocian mayor libertad para el Gobierno Federal, y progresivo estrangulamiento financiero de los municipios.

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El escenario empeora con la llegada de la pandemia de coronavirus COVID-19. A los criterios políticos para asignar el dinero público, se suman las consecuencias catastróficas de la caída en las exportaciones, el derrumbe de la recaudación de impuestos, y los problemas del enorme boquete que la crisis va produciendo en el producto interno bruto del país. Esta vez, la crisis está tocando las entrañas de la economía mexicana, y la insuficiencia de dinero está por dejar al Ayuntamiento de San Luis Potosí, por ejemplo, sin el 20 por ciento de sus participaciones federales, que se originan del movimiento de la economía nacional y las dinámicas de las políticas hacendarias para recordar lo que se requiere para el funcionamiento de los gobiernos.

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Esta vez, la crisis de la alcaldía de la capital no se deriva de un manejo turbio de recursos públicos, como ocurrió durante las tres anteriores administraciones municipales de la capital, sino de la falta de ingresos producida, precisamente, por la caída de la recaudación. La única línea de investigación de la falta de inversión pública, se encamina por ahora al seguimiento de las aportaciones federales al municipio, y a la probable disminución ligera de la captación de recursos de los contribuyentes, de diversos impuestos, derechos y aprovechamientos.

¡HASTA MAÑANA!