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La certeza de la política hidráulica en San Luis Potosí quedó en entredicho ante el cruce de versiones entre el Interapas y la Comisión Estatal del Agua en torno a los proyectos de corto y mediano plazo en la capital.
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Previstas a construirse en 30 años, los embalses de El Palmarito, Las Escobas fueron presentados por el organismo operador como opciones para sumarse al inventario hidráulico de la zona metropolitana, según el Interapas.
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Pero la posibilidad de que estas obras se proyecten debe esperar la resolución de litigios agrícolas, de acuerdo a un dato que reveló la CEA… y que el Interapas omitió.
La disonancia entre las dos dependencias la acentuó el hecho de que mientras que el Interapas incluye en el listado la presa de Suspiro Picacho, la CEA no lo prevé.
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Quizá sea necesario mejorar la sintonía entre ambas dependencias a efectos de dar certeza sobre cuál es la agenda correcta.
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Que sobre una vía tan importante como la carretera 57 esté bajo la sombra de la delincuencia es un signo ominoso para el estado.
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Si las corporaciones de los tres niveles del estado no son capaces de garantizar el libre tránsito de bienes y personas por esa importante autopista.
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Si hasta los Ángeles Verdes, ese cuerpo de emergencia que se supone disfruta de la confianza y el respeto de los automovilistas, se convierten en víctimas de los asaltantes, entonces el peligro en la carretera 57 es generalizado.
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Habrá que ver si los patrullajes que hacía la casi extinta Policía Federal han sido retomados por el Ejército o por la Guardia Nacional. Sería terrible que, cualquiera que sea el motivo, esas acciones de vigilancia se hubieran interrumpido.
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Para ser una Legislatura que promete cambiar las cosas, ser diferente con las diputaciones que le antecedieron y romper con los viejos vicios, este Congreso estatal es demasiado costumbrista.
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Sin otro fundamento más que el que es una “tradición”, esta Legislatura defiende el gasto de medio millón de pesos para los festejos navideños que se ofrecen a empleados y a medios de comunicación.
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No es obligación, debieran saber los legisladores. Y menos cuando el asunto involucra recursos públicos. Nadie les diría nada, sin embargo, si el recurso utilizado fuera el de ellos. Pero eso nunca va a ocurrir.
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A la hora de responder por las observaciones que les realizan las auditorías federal y estatal, las autoridades recurren a la salida fácil de señalar que no hay mal manejo de recursos y que, prácticamente, sólo existen malos entendidos.
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Pero no se trata de eso. Lo que los órganos fiscalizadores encuentran son fallas en la utilización del erario. Comprar tiempo, como lo hacen en la Sedesore con declaraciones de un optimismo hueco, no es la respuesta que merece la ciudadanía.
¡HASTA MAÑANA!