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Dos omisos Riesgo exagerado

Por PULSO

Enero 25, 2022 03:00 a.m.

Con centenares, quizá miles de observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado a lo largo de su historia, que implican escandalosos y cuantiosos daños al erario, algunas tan recientes como los dos últimos años del gobierno de Juan Manuel Carreras López, resulta muy llamativo que el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona se haya apresurado a responder una recomendación del órgano fiscalizador, relativamente menor. Y más que se haya hecho de una manera tan desastrosa.   

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Tras la revelación de que el Programa Estatal de Infraestructura (PEI) publicado por la Secretaría de Finanzas (SF), en el Periódico Oficial del Estado (POE) era una mezcla de cifras obsoletas, textos y gráficos pirateados de otras fuentes, Gallardo Cardona salió al paso. Dijo que la publicación se había realizado para subsanar la omisión del gobierno carrerista de no publicar el texto en el POE, que fue detectada por la ASE el ejercicio 2020 y reportada en informes finales en 2021.

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El mandatario destacó que era una acción “obligada”, derivada de una auditoría. Y también enfatizó que si no se cumplía, existía el riesgo de que su gobierno fuera sancionado.

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Del hecho de que lo que se publicó fue evidentemente un plagio, Gallardo Cardona no hizo mención alguna.

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Sin embargo, lo establecido en la auditoría de desempeño AED/PE-03/2020 que, efectivamente, se refiere al ahora polémico programa, pinta un escenario distinto. 

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En ella, la ASE argumenta que notificó a la SF carrerista que incumplía con la aprobación y publicación en el POE, y tras considerar parcialmente satisfactoria su respuesta, recomendó que: “Se deberá concluir el proceso de autorización y publicación del Programa Estatal de Infraestructura, en el presente ejercicio, el cual deberá contener los elementos que establece la Ley de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado y Municipios de San Luis Potosí”.

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Las palabras “en el presente ejercicio” son claves. Hay que recordar que auditoría al ejercicio 2020 se hizo pública el año pasado, por lo que la referencia a que la recomendación debía satisfacerse en ese ejercicio, de 2021, es decir, el año pasado.  

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El gobierno carrerista incumplió la obligación, y la ASE envió en noviembre de 2021 un nuevo recordatorio, que recibió la misma administración. 

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En todo caso, el gobierno de Gallardo Cardona también incumplió, pues la publicación fue posterior al 31 de diciembre, último día del ejercicio 2021, cuando difundir en el POE el documento hubiera sido útil para cumplir la recomendación.  

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Hasta el momento, el gobierno estatal no ha mostrado de qué manera pudiera haber sido sancionado por no satisfacer una recomendación, una acción fiscalizadora de menor rango que la observación, que aplica a las anomalías que implican una afectación financiera al erario. Que se sepa, de los escasos funcionarios sancionados por la ASE, ninguno lo ha sido por no responder a una recomendación. 

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Todo eso hace concluir que en Palacio se exageró un incierto riesgo desde la ASE para justificar la publicación de una aberración jurídica.

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Como colofón de toda esta historia, se conoció la versión de que al menos tres funcionarios de la Secretaría de Finanzas habían pagado, con sus cargos, el sainete de la publicación del plan plagiado. 

¡HASTA MAÑANA!