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Cuando cada vez quedan menos días para que se cumpla el plazo de la reactivación de actividades industriales, mineras y de la construcción, los indicios de que esto podía detonar aún más los casos de coronavirus en el estado están a la vista.
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La pandemia no cede, y cada día aumentan las confirmaciones de casos positivos. La mortalidad avanza, quizá de manera menos consistente que los casos confirmados, pero sigue elevándose.
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Y la gente, el pasto que es el combustible del incendio de la pandemia, sigue quebrantando la jornada de aislamiento.
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Ayer, se llevó otra vez un llamado de atención de la Secretaría de Salud, debido a que, en lugar de reducirse el nivel de la movilidad, ha aumentado.
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Queda claro que, pese al optimismo del gobierno federal, la gente no ha asumido su responsabilidad en los niveles requeridos. Ya se vio que el quebranto de la norma que se dio entre las celebraciones del 10 del 30 de abril y el 10 de mayo está costando hoy más contagios y muertes.
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Las evidencias de que esto podría amplificarse cuando el grueso de las fuerzas laborales que retomen las calles están a la vista. Sin embargo, el gobierno federal está empecinado en mover de nuevo la economía y está limitando las opciones de las administraciones estatales, como ocurrió ayer con la reunión entre mandatarios estatales y la Secretaría de Gobernación, que rechazó de manera tajante la adopción de semáforos estatales.
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Parece ya lejana la posibilidad de que las autoridades hagan valer sus atribuciones para endurecer las medidas de resguardo. No hay manera. San Luis se apresta entonces a entrar en la “nueva normalidad” en condiciones de extrema peligrosidad.
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Después de un fin de semana infernal, en el que el estado vivió una masacre de siete asesinatos, este martes tocó el turno a la violencia cruda a plena luz del día.
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Tres agresiones armadas a lo largo de la mañana y el mediodía dejaron el saldo de un hombre muerto y dos policías heridos a raíz de los enfrentamientos.
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En ambas situaciones, asesinatos y enfrentamientos, la autoridad ha lucido, otra vez, impotente.
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Era obvio que los diputados promoventes de las reformas que le darían a la Junta de Coordinación Política el manejo de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia del Congreso iban a negar esa intención.
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Pero lo relevante es que la propuesta fue regresada a las comisiones de las que emanó durante una sesión de la Comisión de Vigilancia.
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Quizá ahora que el asunto está a la vista pública, el resultado sea distinto.
¡HASTA MAÑANA!