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Los números lo dicen. Desde julio de 2017, cuando se instauró la alerta de género, el número de feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres se ha disparado y su incidencia ya está más de 50 por ciento arriba de la ocurrida en los 30 meses anteriores al establecimiento de la alerta.
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Y eso que apenas han transcurrido 22 meses desde que el mecanismo se adoptó para seis municipios del estado. Los escenarios de que la situación mejore son mínimos, al contrario, las tendencias apuntan a que la situación empeorará y que habrá más mujeres asesinadas, violadas y hostigadas.
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No es un secreto el motivo principal de que esta horrible situación persista y se intensifique: la impunidad. En San Luis se asesina, viola y hostiga a mujeres simplemente porque no pasa nada a los agresores, no hay castigo para ellos.
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Así, no hay medidas, cualesquiera que sean, que puedan revertir la situación. Ni internas ni externas.
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Es el caso de la Alerta de Violencia de Género. No se puede decir que su establecimiento en San Luis haya disparado por sí misma la violencia contra las mujeres. Pero el incumplimiento de sus ordenamientos sí.
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Pero ese incumplimiento no es nuevo. De hecho, si la sociedad hubiera cumplido, y las autoridades hecho lo conducente, hubieran sancionado efectivamente la más mínima violación a las leyes actuales, la alerta no hubiera sido necesaria.
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Eso ya lo han entendido hasta las propias autoridades, que ya reconocen la inefectividad de la alerta para lograr el propósito para la que fue creada y establecida.
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Y eso es muy descorazonador, pues el mensaje que se envía es que lograr un cambio real en la situación es casi imposible.
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El Centro Histórico de la ciudad se convirtió en manifestódromo y en tianguis. Los sindicatos de burócratas, ambiciosos, lo secuestraron para obligar al cumplimiento de sus demandas con la velada amenaza de obstruir los eventos religiosos de la semana entrante.
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Y los grupos del ambulantaje se lo apropiaron para lucrar con el incremento de visitantes que genera el periodo vacacional.
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En ambos casos, el común denominador son autoridades débiles e incapaces de hacer cumplir con sus obligaciones.
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El gobierno del estado parece encaminado a ceder, otra vez, a sus sindicatos y la alcaldía demuestra que otra administración es incapaz de regular el ambulantaje.
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El que paga el costo de estas incapacidades es el centro y quienes viven y trabajan ahí.
¡HASTA MAÑANA!