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Uno de los requisitos principales para ejercer un papel importante en el servicio público es el más mínimo margen de equivocación en los cargos anteriores o en el actual. Los antecedentes irregulares que se encuentran irresueltos, son muy importantes para que los electores o en su caso los servidores públicos responsables valoren la posibilidad de la permanencia o relevo de aquellos que ejercen una función pública cuestionada.
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En la última elección de dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Yolanda Cepeda Echavarría resultó electa para el cargo de titular de la Secretaría General. Uno de los parámetros que los electores suelen ponderar para elegir o reelegir servidores públicos es su trayectoria de honestidad, su trabajo con un mínimo de errores. Extrañamente, los priistas votaron por una funcionaria observada por órganos auditores.
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La Auditoría Superior de la Federación mantiene un pliego de observaciones de 84.1 millones de pesos para la alcaldía de Aquismón, justo para un periodo de meses donde ella fue gobernante. Ese municipio maneja un presupuesto muy inferior a la capital potosina, y proporcionalmente, esos casi centenar de millones representan una parte muy importante del presupuesto público de aquel municipio.
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Sin embargo el partido Tricolor parece no haber aprendido la lección de corregir el rumbo y cuando menos por el lado de sus cabezas nombrar personas de reconocida honestidad o por lo menos que no lleven tras de sí antecedentes de un desempeño deficiente en el servicio público. Nombrar a una persona cuestionada en un encargo de confianza es el equivalente a que una corporación policial nombre en los cargos de confianza precisamente a los oficiales de negra trayectoria.
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Es verdad que algunos presidentes municipales hacen hasta lo imposible por implementar ya no digamos el lavado de dinero, pero sí el lavado de honra de sus instituciones predecesoras. Podrán dejar sin justificar tal o cual cantidad de millones de pesos de las arcas públicas de una ciudad, pero constantemente hacer hasta lo imposible por esconder el producto de sus travesuras, a veces escondiéndose dentro de las oficinas de un partido político.
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Hace algunas semanas, la Junta de Coordinación Política presentó sus propios estados financieros que bien valen la pena para toda una relatoría de 10 páginas de un periódico. Obviamente en la planeación de gastos para 2020, los responsables de la deshonesta labor de aprobarse a sí mismos su propio gasto, quieren más presupuesto para gastar el dinero ajeno con gusto propio.
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Con ese ejemplo de los diputados que apliquen la máxima de “a gastar, que el mundo se va a acabar”, ¿con qué calidad moral pueden revisar las cuentas públicas criticar la deshonestidad de otros funcionarios, como aquellos que presentan informes de trabajo con ideas de otros, procedimientos que costaron a otras personas o servidores públicos, o incluso plagiaron en su totalidad un informe del producto del trabajo de otros para cantarlo y cacarearlo para justificar un importante gasto, o incluso su muy oneroso sueldo? No te acabes, Congreso.
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¡¡HASTA MAÑANA!!