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Luego de la reforma a la Constitucional implementada por el entonces presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, el Gobierno federal dio cumplimiento a los términos de una demanda perdida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por graves violaciones al debido proceso.
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El sistema penal tradicional ya envejecido por entonces presentaba graves fallas tales como la mediación, los principios de máxima publicidad, presunción de inocencia (que solía ser violada recurrentemente no sólo por los medios de comunicación, sino también por la autoridad), no había contradicción porque con una historia y dos testigos era fácil encarcelar a una persona, la fórmula de la acusación penal que no existía y las instancias de mediación de conflictos, ninguno de estos aspectos contemplados en los códigos procesales.
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A lo largo de un periodo de vacatio legis del 18 de junio de 2008 al 18 de junio de 2016 y por primera vez en 2009, en San Luis Potosí aparecieron los primeros cursos de capacitación acerca del Sistema de Justicia Penal en proceso de implementación impartidos a personal del Poder Judicial del Estado, operadores de la Policía Ministerial y del Ministerio Público por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado y a medios de comunicación, mediante recursos provistos por el Gobierno Federal y una parte apoyada desde ese principio por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID).
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De ese punto de partida en adelante se vino una serie de actividades de capacitación que incluyeron diplomados la formación profesional de los operadores del sistema penal. Inclusive el sistema emergente provocó una profunda reforma curricular a la carrera de Licenciado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
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Por entonces, utilizaron los recursos de USAID para impartir los cursos, Jaime Delgado Alcalde e Irma Rodríguez Aranda, en sus respectivos periodos como titulares de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio, Oral y Adversarial -Setec-, del Gobierno estatal. De ahí surgieron las primeras generaciones de jueces de tribunal de juicio oral, de responsables de instancias de mediación, de defensores de oficio especializados, de agentes de Ministerio Público y mediadores de conflictos.
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Es cierto que también surgieron los primeros miedos de policías y ministerios públicos acostumbrados a acusar personas sin fundamento, imputar porque tenían que llevar una cuota de asuntos, o crear “chivos expiatorios” para dar por resueltos casos donde la verdad real y la verdad jurídica se quedaron en la impunidad.
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Sin embargo, para el 18 de junio de 2016 el sistema penal tradicional en peligro de extinción, fue sustituido en su totalidad por las nuevas prácticas, desapareció la Setec, y la autoridad también fue desapareciendo los cursos de capacitación, desde 2008 apoyados por la USAID. Ahora, corresponderá a la Fiscalía General del Estado explicar los motivos del fin del apoyo estadounidense a la reforma penal.
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Y a propósito de rendición de cuentas, bien será importante saber los motivos del fracaso de las tareas de prevención e investigación de las instituciones componentes del Sistema Estatal Anticorrupción. Los abogados como los principalmente involucrados directamente en el contacto con la litigación de los casos de corrupción, ya se dieron cuenta que los resultados son escasos o incluso nulos -dicen- a pesar de la contundencia de algunos datos de prueba.
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¡HASTA MAÑANA!