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Situaciones desesperadas exigen medidas extremas. Y quizá nada más desesperado que la certeza de que el impacto de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 va a ser descomunal.
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La situación se ve agravada por otra certeza: los recursos existentes ayudarán poco para paliar el golpe.
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El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pese a todos los alardes que ha hecho, ha demostrado que no tiene las cosas bajo control. Y eso se refleja en la gestión de los recursos.
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Un día sí y otro también, la 4T asegura que cuenta con los recursos para enfrentar la emergencia
de salud.
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Pero un día sí, y otro también, las quejas sobre la insuficiencia de mascarillas, medicamentos, equipo de protección, ventiladores y otros insumos, no dejan de registrarse.
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No es el único indicio. En días pasados, el Sistema Nacional de Seguridad Pública dejó en libertad a los gobiernos estatales y a los ayuntamientos a destinar parte de los fondos federales para el combate a la delincuencia para equipar a los agentes con equipo que evite que caigan contagiados.
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Pero la medida implica un sacrificio, pues eso implicaría que los municipios que empleen esos recursos para el nuevo fin, dejarán sin cobertura la certificación y capacitación de los policías, un punto débil de las corporaciones de seguridad pública del estado, tanto en el caso estatal como en el de los municipios.
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Se trata de elegir entre dos males, y el gobierno federal optó por enfrentar al que es más urgente combatir. Es necesario proteger a nuestros policías de la enfermedad, pero el golpe dado al sistema de seguridad, que perderá su capacidad de certificarlos, en caso de que se opté por el cambio de destino, también es demasiado fuerte.
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No cayó bien en instancias laborales y sindicatos la cifra de empleos formales perdidos desde que inició el brote de COVID-19. Hace algunos días, Luisa María Alcalde, secretaria federal del Trabajo y Previsión Social, indicó que en el país, la emergencia sanitaria esfumó 346 mil plazas. En San Luis Potosí, se contabilizaron cuatro mil 544 empleos.
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Algunos sindicatos de plano rechazaron la cifra, argumentando que hay paros técnicos consensados, en los que, en el peor de los casos, los trabajadores sólo pierden una parte de sus ingresos.
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Mientras que la instancia laboral estatal difunde cifras atrasadas, de marzo, cuando la emergencia no había iniciado, que muestran un decremento menor.
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En ambos casos, las medidas trataban de suavizar el golpe. El asunto es que la realidad está ahí y no es tan fácil esconderlas.
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El Congreso del Estado volverá a la vida el viernes, con una sesión de Pleno, tras varias semanas ausente.
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Desde hace semanas, quizá aprovechando la emergencia sanitaria, los diputados cayeron en una especie de hibernación, de la cual, de cuando en cuando, algún congresista hacía una aparición esporádica o todos acudían a un encuentro convocado por el Ejecutivo.
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Lo anterior pese a que la emergencia sanitaria definía a la actividad legislativa como esencial.
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Al parecer, hay intentos de revertir esta situación, pero lo cierto es que los legisladores han optado por desaparecer en un perfil más que bajo en tiempos en los que la presencia de las autoridades es vital.