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El notario público Eduardo Martínez Benavente tiene razón al señalar que las acciones de los tres niveles de gobierno no han incidido en ninguna forma para mejorar la calidad del Estado de Derecho en la entidad.
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También acierta al establecer que sólo con una reforma profunda y radical se solucionarán los problemas que lastran el Estado de Derecho en la entidad.
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Sin embargo, donde inicia la incertidumbre nace al ponderar la voluntad política de las autoridades, ejecutiva, legislativa y judicial, para emprender las acciones que pudieran restablecer en su plenitud el Estado de Derecho en la entidad.
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La situación actual de la legalidad en San Luis Potosí es lamentable. Y así lo describen los resultados expuestos en el reporte sobre el Estado de Derecho que elaboró la institución World Justice Project.
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¿Y si la situación no cambia, precisamente, porque no se quiere que se modifique? Tomemos el ejemplo de la corrupción en el estado, que en el estudio fue uno de los aspectos peor evaluados. Los tres poderes de la entidad han compartido desde hace años el discurso de un combate frontal a los corruptos. Hasta han erigido un sistema que, en el papel, tiene como propósito blindar al estado de la corrupción.
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Pero en el terreno de los hechos, nada ha pasado. El país entero atestiguó hace años como un diputado describía toda una trama de corrupción, que incluía al organismo que presuntamente debía fiscalizar los recursos públicos y al propio Congreso… y nadie ha sido sancionado por ello.
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Al contrario, varios de los protagonistas claves de esa trama siguen medrando en el servicio público.
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La trama de “La Ecuación Corrupta” es el caso extremo de cuán incrustada está la corrupción en la vida pública del estado, pero no es el único.
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En el caso de la inseguridad, la incapacidad de reconocer que el esquema actual de combate al crimen no ha funcionado y de emprender medidas correctivas que saquen al estado de ese penoso estado, sólo han servido para someter a la población potosina al yugo delictivo.
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Este inmovilismo lleva ya demasiado tiempo y hace pensar que, por omisión, comodidad o incompetencia, las autoridades no tienen entre sus planes virar el rumbo.
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La ciudadanía potosina es la principal víctima de esta decisión o incapacidad para cambiar.
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Entre las muchas promesas incumplidas que dejó el gobierno de Fernando Toranzo, está el proyecto piloto de un parque de las ladrilleras que buscaba cambiar el combustible utilizado, de basura, sobre todo plásticos, a gas.
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Hoy, la infraestructura construida está en ruinas y vandalizada. Lo que se buscaba fuera una solución que detuviera la contaminación ambiental, terminó en un fracaso.
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Y la inversión realizada, terminó en humo.
¡HASTA MAÑANA!