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Una frase demoledora del presidente del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), José Octavio López Presa, en la entrevista que concedió a Editora Mival, pone contra la pared a todos los acores que han contribuido al enredo en que se ha convertido el Sistema Estatal Anticorrupción debido a las dificultades a las que se ha enfrentado su Consejo de Participación Ciudadana.
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Dijo López Presa que si no se solucionan los problemas del SEA, “la lectura que se va a dar es que en San Luis no se quiere que funcione el CPC”.
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Y de veras, parece que la corta historia del SEA en la entidad parece una crónica de las acciones orquestadas para que la entidad no cuente con esta herramienta.
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El funcionario hace énfasis en las fallas y omisiones de una parte a la que se ha mencionado poco últimamente en torno a este problema: el Congreso.
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De origen, la Ley que regula el SEA ha posibilitado las confusiones. La otra parte de la ecuación negativa son los propios consejeros, que se han enfrascado en una lucha encarnizada por posiciones de poder dentro del sistema.
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El presidente del SNA también observa un punto que ha contribuido al caos del organismo anticorrupción potosino que no está exento de la polémica: la falta de pago hacia los consejeros ciudadanos.
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López Presa se ha manifestado a favor de ello, diciendo que es una situación que se da en el resto de los órganos locales anticorrupción. Una remuneración para los integrantes ciudadanos del SEA subvierte el principio legal local, pero quizá habría que permitir la revisión de este punto en aras de destrabar el enredo.
Pero ese es sólo una de las medidas necesarias para llevar a la normalidad al sistema. Claro, siempre y cuando que no haya interesados en torpedearlo.
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Y pese a lo que se había expresado, en el sentido de que aún no se había hecho solicitud de recursos para el SEA, por los rumbos de Finanzas señalaron que ya se han paseado por ahí algunos representantes, buscando, precisamente, eso.
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Elegantemente los han mantenido a raya en la SEFIN, sin darles nada. Hasta que haya certeza jurídica de sus más recientes acciones y nombramientos. Nomás por precaución.
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El pleito entre una diputada y uno de sus ex asesores está opacando el punto principal de la polémica del Congreso: los 27 gozan del beneficio de manejar discrecionalmente una cantidad millonaria para pagar a sus subalternos sin rendir las cuentas debidas.
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El incremento a 80 mil pesos de la cuota presupuestal que le toca a cada diputado no ha sido explicada. Los integrantes de la Junta de Coordinación Política son los obligados a hacerlo.
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Parece que prefieren no hacerlo, si hacemos caso al señalamiento de que ya se puso en marcha una estrategia de comunicación que, básicamente, tiene como propósito echarle tierra al asunto.
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Asimismo, los legisladores han optado por el mutismo sobre un punto que también los pone en una situación incómoda: ¿cómo fundamentan legalmente el jugoso beneficio del fondo de ahorro? Pero lo más importante, ¿cómo lo justifican éticamente?
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¡HASTA MAÑANA!