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Los comuneros de San Juan de Guadalupe subieron un nivel su lucha por evitar que las decisiones del ayuntamiento capitalino afecten lo que consideran es su derecho a decidir sobre
su propiedad.
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Al conseguir un amparo del Juzgado Cuarto de Distrito, van a afectar, si no que detener el proceso del nuevo plan de desarrollo urbano que promueve
el ayuntamiento.
Este golpe de los comuneros va más allá de las manifestaciones, bloqueos y cierres de accesos que han hecho en los últimos días.
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La medida pone en un brete a la alcaldía, que ya se apresuró a señalar que el amparo no afecta el proceso, más bien como una reacción “de cajón” que como
una certeza.
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El asunto va a apretar las cosas con el nuevo plan y quizá haga repensar los términos que la Unidad Administrativa Municipal le quiere dar al plan de ordenamiento.
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Durante todo el año pasado, hubo evidencias sobre la opacidad en el manejo financiero en los Servicios de Salud del estado.
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La página de transparencia de la institución evitaba difundir los estados financieros con un oficio en el que argumentaba supuestas fallas y tardanza en los procedimientos.
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Hecha pública la situación, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) amonestó a la dependencia y la amenazó con sanciones. Con estos “estímulos” enfrente, la dependencia presentó la documentación que estaba obligada a publicar.
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Pues bien, esa opacidad no dejó de ser observada por la consultora especializada en finanzas públicas aregional, que le dio a una calificación reprobatoria a la dependencia en su ranking anual de transparencia en dependencias de salud de las entidades.
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Lo dramático del asunto es que este año, la posición de la entidad en el listado “mejoró”, y aún así, la calificación de San Luis se quedó muy por debajo de los niveles aprobatorios.
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En la Cámara de Diputados le preparan una amarga sorpresa al “superdelegado” del gobierno federal en el estado, Gabino Morales, con una iniciativa impulsada por todos los partidos, incluyendo el de él, Morena, para evitar que quienes ostenten el mismo cargo en los estados no puedan ser candidatos a cargos de elección popular, incluyendo la gubernatura.
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La intención del funcionario, reflejada más mediáticamente que en la realidad, es aparecer en la boleta de la elección de gobernador en 2021.
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Pero está destinada al fracaso si se aprueba la condición de hacer obligatoria una renuncia tres años antes de la elección al cargo si se quiere contender a la gubernatura. Es imposible, al menos para el año entrante.
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La intención de los legisladores federales es evitar que los funcionarios devenidos en candidatos abusen de los padrones federales que tienen a su cargo.
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¡HASTA MAÑANA!