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Nadie tiene la culpa de la prolongada sequía y que las atípicas heladas de la temporada invernal secaran más de lo normal la serranía.
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Lo que sí es evidente y condenable es la incapacidad de las autoridades estatales y federales para coordinar las acciones para combatir el fuego en varios frentes de la entidad, principalmente el de la Sierra de
San Miguelito.
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El 2 de mayo el Gobierno del Estado informó que los incendios en la Sierra de San Miguelito estaban al 98 por ciento controlados.
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Once días después, informes de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) revelan que a la fecha, este año -desde el 2013-, es donde más superficie forestal se ha perdido por los incendios forestales, con un total de cinco mil 542 hectáreas de vegetación siniestradas por el fuego.
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La sierra más afectada por el fuego es la de San Miguelito, los primeros incendios iniciaron el 17 de abril pasado, y desde el principio, la Dirección de Protección Civil del Estado a cargo de Ignacio Benavente Duque, evidenció su incapacidad para coordinar los trabajos para controlar la conflagración.
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Lentitud, cerrazón y ocultamiento de la información fidedigna sobre lo ocurrido por parte de la dependencia, además una desorganización total, a los ejidatarios y comuneros afectados por el fuego y que se sumaron a combatir los incendios los dejaron solos, de repente les enviaban algunos soldados pero totalmente descoordinados.
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Incluso hubo un momento en que sólo un helicóptero combatía el fuego, esta situación obligó al Ayuntamiento capitalino a rentar una aeronave para sumarse a las acciones para abatir los incendios.
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Lo que estamos viviendo los potosinos es sin duda una debacle ambiental por una tardía reacción de la autoridad, en lo que pareciera que la consigna era dejar quemar la sierra.
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En lo que se considera una esperanza para terminar con el cáncer de la impunidad, ayer un Juez de Control determinó vincular a proceso al ex diputado de origen panista, Mariano Niño Martínez, por el delito de peculado.
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El juez encontró “indicios razonables” para someter a juicio al ex legislador por el presunto desvío de recursos públicos que tenían como destino a personas de escasos recursos.
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Mariano Niño seguirá el proceso en libertad, pero tendrá que asistir a firmar al juzgado cada mes y medio, y de ser culpable será condenado a una pena de entre 2 y 5 años de prisión más una multa de hasta 500 salarios mínimos además de ser inhabilitado para ocupar cualquier cargo público.
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¡HASTA MAÑANA!