G. y G.: ¿primer jaloneo? Ofensiva abierta
La capital se prepara para la versión 2021 del tradicional estira y afloja por el incremento de las tarifas del agua potable.
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El Interapas planteó un alza de 6.8 por ciento, argumentando que desde hace años no se ha incrementado la tarifa y clamando que el organismo requiere inversión.
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Sin embargo, desde antes de conocerse la cifra de la propuesta, ya el gobierno estatal, la alcaldesa de Soledad y la bancada del PVEM anunciaban su oposición al incremento.
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En suma, Interapas contra el gallardismo. Y como este grupo tiene el sartén por el mando y le apuesta todo a las medidas populistas (y nada más populista que evitar el incremento a la tarifa de un servicio público) es más que probable que el organismo operador se quede con las manos vacías.
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Independientemente de las consecuencias que tenga el desenlace de la propuesta en el abasto del agua, el asunto es interesante porque por primera vez, pone en esquinas distintas al gallardismo y al gobierno del alcalde Enrique Galindo Ceballos
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Enrique Torres, que se estrena en estas lides de toparse con la negativa del Congreso, fue la propuesta del alcalde capitalino para encabezar el organismo y también defensor de la propuesta de alza tarifaria.
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Habrá que ver los efectos que tenga en la relación del alcalde y del movimiento político dominante en San Luis, hasta el momento cordial, la muy probable negativa al incremento.
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Ya está pintada la ofensiva de la bancada del PVEM contra la Auditoría Superior del Estado (ASE). Ayer se sumó el legislador René Oyarvide Ibarra, quien acusa a la auditoría de haber sido rebasada y, en esencia, de no estar sintonizada con el movimiento gallardista.
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“Hay que recordar que el periodo de Rocío Cervantes al frente de la ASE no inició con el nuevo gobierno ni con la nueva Legislatura, pero no se ha sumado a la dinámica de trabajo, las cosas son diferentes ahora, hay una nueva forma de gobernar, sin tapujos, con austeridad y transparencia”, cita el comunicado oficial difundido oficialmente por el Congreso.
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Alguien que le explique al legislador el concepto de autonomía y que la ASE es, precisamente, uno de los organismos autónomos del Estado potosino.
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Desde luego que los legisladores tienen la facultad de remover a la persona que detente la titularidad de la auditoría. También es cierto que el gallardismo y sus aliados podrían sumar los votos para hacerlo.
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Pero decir que el organismo fiscalizador debe seguir “lineamientos” o sumarse a “la nueva dinámica del trabajo” es intervencionismo muy mal disfrazado.
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Por cierto, ¿el diputado Oyarvide Ibarra ya aclararía lo que le corresponde de la observación de la cuenta 2019 hecha al ayuntamiento vallense por el pago ilegal y descarado que hizo el ayuntamiento al entonces alcalde Adrián Esper?
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De acuerdo a la auditoría AEFMOD-14-FORTAMUNDF-2019, Esper y su hermano recibieron 14 millones de pesos en un nebuloso negocio por unos terrenos que fue considerado un “autopago”.
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De acuerdo al documento, el secretario del ayuntamiento en ese entonces, es decir Oyarvide Ibarra, intentó un fútil esfuerzo de aclarar la compra certificando una “copia ilegible e incompleta” de un contrato que amparaba el pago. La prueba, por esas razones, fue declarada inválida.
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La ASE ordenó a esa administración reintegrar los 14 millones de pesos y sus intereses al erario. El Legislador podría decir si se cumplió o no esa directriz.
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¡HASTA MAÑANA!
