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Entre las ideas de los diputados para el trabajo legislativo del año 2020 surgió una que sin duda causará polémica por las implicaciones que tiene a sus alrededores y sobre todo en la era en que la impunidad se encuentra en su pico más alto. El diputado local por el Morena, Edson Quintanar, pidió como regalo de fin de año modificar leyes para evitar la inmovilización de vehículos o la retención de documentos.
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La propuesta de reforma impacta directamente en las actividades y competencias de los oficiales de Policía Vial o Tránsito Municipal de las 58 alcaldías. Se basa en la actividad cotidiana de los oficiales para regular actividades de la policía en casos donde los conductores incurren en infracciones a veces tan de sentido común como no invadir accesos en banquetas para personas con discapacidad o la vía pública, al estacionarse en doble fila. En ambas, los infractores restringen los derechos de los restantes ciudadanos a transitar sin obstáculos.
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Si la propuesta de reforma legal del diputado Edson Quintanar es aceptada al pie de la letra, lejos de resolver un problema de enojo social con su autoridad, creará un escenario de impunidad ampliado a las sanciones que aplican los policías viales. Esperamos que la iniciativa presentada no tenga su origen en alguna sanción aplicada al propio diputado, o a algunos de sus asesores, o a miembros del partido político en el que milita.
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El diputado Quintanar, muy preocupado por las infracciones, precisa en su iniciativa que la reforma legal permitiría evitar que los infractores queden sujetos a la retención de tarjetas de circulación, placas del vehículo o la inmovilización de la unidad en caso de alguna infracción que pudiera suponer alguna conducta administrativa o delictiva. En principio, si la reforma prospera en los términos planteados por el legislador, probablemente la alcaldía capitalina sufriría el impacto. La inmovilización de vehículos por medio de “arañas”, va ligada a la falta de pago del parquímetro.
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Para efecto de inhibir la acción policial en materia de retención de documentos que garanticen el pago de multas y la evasión de un infractor para responder por cualquier hecho que se le impute, el diputado propone reformas al artículo 43 de la Ley de Tránsito, que establece las condiciones para la retención de los documentos en caso que un oficial de tránsito establezca contacto con un infractor.
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Es preciso recordar que el artículo 44 establece que la condición para retener documentos va ligada a la comisión de un delito. También establece que la retención de documentos o placas de circulación o incluso la inmovilización procede cuando el vehículo que se encuentra con el hecho de tránsito es manejado por un conductor foráneo que no garantiza el pago de multas. Veremos cómo le hacen si aprueban la reforma legal, porque su grandiosa idea sera aplaudida por quien padece a los ejércitos de “arañadores” del Ayuntamiento, pero no hay otra forma de obligar a los conductores a que sean responsables de sus propios actos. Bendita propuesta de impunidad.
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Y a propósito de evasión de la justicia, es probable que existan algunos expedientes de ex presidentes municipales listos para ser enviados al ministerio público y que éste a su vez solicite órdenes de aprehensión, pero ahora falta saber de qué tamaño es el alcalde para el tipo de sanción que se le aplicaría. La inmensa mayoría de los servidores públicos que son objeto de denuncia, evadieron millones de pesos del gasto público.
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Raras veces las autoridades signan y llevan hasta las últimas consecuencias carpetas de investigación de alcaldes de municipios grandes. Desde hace trienios en la ebtidad potosiba, diversas administraciones municipales fueron denunciadas por diversas irregularidades y hasta hoy no se tiene noticia de las sanciones definitivas. Si son ex presidentes de municipios pequeños, otra vez estamos en el entendido de que la autoridad no puede con los alcaldes de municipios grandes.
¡HASTA MAÑANA!