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El 17 de enero, la Junta de Coordinación Política aprobó reducir en 10 por ciento el salario de los diputados, no por un ataque de austeridad, sino obligada por la entrada en vigor de la normatividad federal que forzaba a los servidores públicos locales a ganar menos que el gobernador y el presidente.
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Pero si hay algo que un diputado potosino no va a perder nunca va a ser un centavo del erario. Por eso, aunque cuando se elaboraba el presupuesto de este año ya se conocía la reducción obligatoria, los diputados presupuestaron el mismo ingreso que tenían antes de que los obligará a recortar su nómina.
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Y aunque en el papel ganaban menos, los diputados guardaron durante 9 meses el excedente. En septiembre, decidieron usar ese “guardadito” y, en una manipulación presupuestal que quisieron mantener escondida, lo destinaron a su partida más polémica, esa que podría manchar de corrupción a esta Legislatura y malograr su endeble discurso de austeridad y transparencia: la del pago de trabajadores de honorarios.
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En el tercer trimestre, la Jucopo tomó 5.2 millones que dejaron de percibir los diputados y los sumó a la de Previsiones salariales para “en lo oscurito” aumentar en un 50 por ciento el monto de la partida de honorarios asimilables a salarios, que pasó de 27 a 42 millones de pesos. En total casi aumentaron en casi 15 millones de pesos la partida de asesores que eligen a discreción y de la que se ha dicho se benefician directamente al “ordeñar” los salarios de sus recomendados.
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El movimiento le sirve, de paso, para presumir una “reducción” de la partida para 2020 que, efectivamente, será inferior a los 42 millones de pesos, pero que en realidad sigue siendo mucho más onerosa que la suma presupuestada originalmente.
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Los beneficiarios, a los que los diputados cuidan más que los sindicatos a sus trabajadores de base, tuvieron entonces tres meses para disfrutar del incremento.
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Con lo que se reitera lo dicho: los diputados potosinos, aun los que más presumen una honesta autoridad, van a hacer lo que sea por evitar gastar un peso de los recursos públicos.
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San Luis es un estado de víctimas de la corrupción, pero sin corruptos. Así lo refleja el Inegi en su reporte relacionado con el Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción, que señala que el estado es uno en los que más ciudadanos se dicen víctimas de los funcionarios corruptos, pero al mismo tiempo, está entre los que menos casos indaga.
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La paradoja no debería sorprender. Después de todo, San Luis es el estado donde un diputado describe las corruptelas de su Legislatura en video o funcionarios del ente fiscalizador estatal organiza una fiesta inexistente para quedarse con el dinero, y no acaba pasando nada.
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Otro gremio que se suma a la fila de los sectores molestos con las autoridades por la situación de la inseguridad fue el de los abogados, debido al asesinato de una colega suya en Matehuala.
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La profesionista fue víctima de un intento de robo y fue abatida de un tiro frente a su familia
tras resistirse.
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Ahora, la Fiscalía debe sumar a sus pendientes darle una satisfacción al gremio de los abogados.
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¡HASTA MAÑANA!