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En la práctica, la respuesta de la Junta Estatal de Caminos sobre la discrepancia de montos de la obra de los nuevos brazos del distribuidor vial Juárez fue un golpe a la credibilidad del informe gubernamental.
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Mientras que los informes programáticos de 2018, 2019 y 2020 muestran la inversión de 296 millones de pesos en ese proyecto, la JEC insiste en el discurso oficial de que se canalizaron 268 millones. La diferencia supera por poco los 27 millones de pesos.
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El hecho de que la JEC diga que la cifra mayor es un techo financiero al que no se llegó, contradice la convención de que un informe de gobierno consigna todas las inversiones realizadas por una administración en un año.
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En la práctica, la JEC indica que en el documento presentado la semana pasada sobre las obras y acciones realizadas, así como los montos invertidos, existen al menos 27 millones de pesos que no se erogaron. Esto sembraría incertidumbre en el documento, pues pondría en duda qué montos sí fueron gastados o, como en la versión de la JEC, se mantienen sin erogar.
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El recordatorio de la alcaldía capitalina acerca de la lentitud con que se desarrolla en la Fiscalía General del Estado la investigación de anomalías en la obra de Fray Diego de la Magdalena, realizada por la pasada administración entre 2017 y 2018, devuelve a los reflectores un caso en el que lo que está en duda es el destino de 130 millones de pesos.
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En febrero de 2019, la Auditoría Superior de la Federación observó por ese monto al gobierno de Ricardo Gallardo Juárez, bajo el grave señalamiento de que no había evidencia de la ejecución de la obra.
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No es la única dependencia que tiene noticia de las anomalías, tanto a nivel nacional ni local.
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Pero, para la alcaldía, el retraso de la Fiscalía General del Estado no tiene justificación, dadas las evidencias de anomalías que se han presentado.
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El caso refleja, de nueva cuenta, las dolencias de la lucha contra la corrupción en el estado: lentitud y aparente falta de voluntad política para ir más allá de la recepción de las denuncias.
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Finalmente, fueron seis los magistrados del Poder Judicial del Estado que no fueron ratificados
por el Congreso del estado.
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Seguramente que pronto, varios de ellos, si no es que los seis, presenten amparos contra la decisión.
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Con ello, regresarán los días en que el Poder Judicial potosino era un carrusel de magistrados, que salían y entraban según el vaivén de las decisiones de los juzgados federales.
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Y para la ya larga lista de anécdotas para el escarnio de la Legislatura, está el caso de uno voto excedente en la primera ronda de ratificación de los magistrados. Hasta en esa cuestión tan básica fallaron.
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El miércoles, de manera discreta, se integró la comisión de entrega recepción de la administración estatal. Llama la atención que la ausencia de dos personas con un par de cosas en común: que fueron relevadas recientemente de sus cargos en el gabinete y que se había dicho a su salida que formarían parte de esa instancia: el ex contralor general Gabriel Rosillo y la ex oficial mayor, Ada Andrade.
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¡HASTA MAÑANA!