Inseguridad: avance y freno Polémico tuit
La rapidez en la que se anunció la aparente resolución del caso de la ejecución del presidente de la Coparmex en San Luis, Julio César Galindo Pérez era necesaria para las autoridades potosinas, que deseaban desactivar cualquier contaminación que el crimen pudiera causar al proceso electoral.
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Pero también implica un cuestionamiento valido para la Fiscalía General del Estado: ¿Por qué no actúa con esa celeridad en todos los casos?
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No es la primera vez que tras el asesinato de una figura pública, vinculada a la política o al empresariado, hay detenciones, un beneficio que miles de víctimas y sus familias potosinas no pueden disfrutar.
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Desde luego, la captura de los presuntos detenidos es un avance, que sólo deberá considerarse exitoso si la dependencia comprueba la responsabilidad de los capturados en el delito y un juez emite la condena respectiva.
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Pero no se puede obviar que en el estado, la procuración de la justicia no es equitativa.
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Y aún con el avance, la inseguridad volvió a dar otro golpe a los potosinos, con una nueva ejecución de un personaje ligado de alguna forma a la política.
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El crimen de ayer en el Camino de la Presa de San José, el que la víctima tiene cierto trasfondo político, por sus vinculaciones con el PRI, pone de nuevo en dificultades a las autoridades, que de nuevo deberán mostrar la misma celeridad en avanzar en este caso.
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Pero de lo que no es escapan las autoridades de los tres niveles de gobierno es del desastre de la seguridad por el hecho de que atentados violentos realizados a plena luz del día y en una zona densamente poblada pueden ser exitosos no una, sino dos veces en pocos días.
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Muy extraño el tuit mañanero que el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto Castillo, dedicó al gobernador Juan Manuel Carreras López.
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Apenas pasaron las cinco de la mañana cuando el funcionario federal informó que se había reunido con el mandatario potosino para informarle de “movimientos financieros inusuales” relacionados con “posibles ilícitos” en el estado.
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Hacer pública esa información puso al gobierno carrerista en una situación incómoda pues lo obliga a informar del asunto. Cosa que por cierto, no hizo ayer.
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Pero no podrá evadir los cuestionamientos que levantó el polémico mensaje: ¿era para el mandatario, como una forma de “incentivar” alguna acción? ¿para Ricardo Gallardo o para José Luis Romero Calzada? Ambos candidatos y ambos señalados por el funcionario federal como blanco de investigaciones.
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En todo caso, no es poca cosa el revuelo que generó el mensaje.
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El embrollo de El Realito no se arreglaría necesariamente con la rescisión del contrato. Parece que la empresa Oersa acierta al decir que se trata de una falla de diseño de origen.
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Quitarle la concesión a Aquos es una parte de la solución, pero todavía quedaría por delante la ingente tarea de reparar los errores estructurales.
