Inteligencia sin apoyo Opacidad intencional
Este gobierno federal inició la réplica de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los estados, que en el caso de San Luis Potosí, resultó ser la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE).
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Creada antes del término del gobierno de Juan Manuel Carreras López, el organismo debería investigar temas muy espinosos, como el enriquecimiento ilícito, el flujo de “dinero negro” de origen delictivo, financiamiento al terrorismo y, en suma, llevar a la práctica del concepto “follow the money”, seguir las huellas que deja el dinero sucio.
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Quién sabe si porque fue obra del despreciado gobierno anterior o porque la UIF no trató muy bien al actual mandatario al inicio de su gobierno, pero esta administración no parece muy interesada en desarrollarla.
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Porque eso parece al haberle destinado en 2023 una bicoca, apenas 350 mil pesos y ni siquiera fueron gastados completamente.
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Y la inversión realizada apenas dio para comprar lo básico de computadoras y muebles de oficina.
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Conocer más es tarea casi imposible, porque dada la naturaleza sensible de sus labores, casi toda la información que maneja se declara en automático como reservada en caso de que sea solicitada.
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Pero por lo poco que se sabe, esta administración no está muy interesada en que la UIPE desempeñe sus labores.
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Y hablando de irregularidades financieras, el gobierno estatal no ha dado respuesta aún al reclamo de la Canaco-Servytur sobre el manejo del Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo del Turismo en el Estado (Fidetur), en el sentido de que este gobierno, en poco menos de tres años, no ha usado los recursos para los fines para los que fue creado.
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La falta de información, sospechosamente, tampoco aparece en la Plataforma Estatal de Transparencia. Pero en este caso, que la opacidad haya sustituido a la transparencia en datos que se suponen deberían ser hechos públicos por este gobierno no es una sorpresa.
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Lo que llama la atención es el intento de aparentar que sí se cumple con la obligación.
De los últimos 4 años, en 2021 y 2024 no hay un solo documento sobre el fideicomiso. En 2022 nada más aparecen documentos de octubre de ese año y de 2023, sólo entre enero y septiembre se presenta información.
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Pero como si no existiera, porque en lugar de documentos relacionados con el Fidetur, lo que hay son datos vinculados a otro fideicomiso, el 170074082, que nada tiene que ver, pues su propósito está relacionado con inversiones inmobiliarias y lo manejaba el Invies, organismo ya extinto.
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Es decir, la escasa información que se presenta como del Fidetur, en realidad es de otro fideicomiso. Alguien debió haber enviado esos datos a la Plataforma Estatal de Transparencia con completa intencionalidad.
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Y la CEGAIP también debería explicar por qué no permitió la publicación de esos datos inexactos.
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¡HASTA MAÑANA!
