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Y en otro chasco del Poder Legislativo potosino, la nueva
Ley Electoral del Estado no sobrevivió más que a los
cinco primeros días del proceso que pretendía regular. Así,
los potosinos elegirán a su próximo gobernador, diputados
y alcaldes con una ley que data
de 2014.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación le enmendó la plana de manera rotunda, principalmente al Congreso, pero también al Ejecutivo, al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y al Tribunal Electoral del Estado, participantes del proceso de renovación de la Ley electoral.
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El fallo puso en evidencia que para las instituciones del Estado potosino, el tema de las consultas indígenas es un enigma indescifrable. Fracasaron el Ejecutivo con el Plan de Desarrollo, la alcaldía capitalina, con los planes urbanos, y ahora el Congreso y las autoridades electorales.
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Desde luego que la pandemia es una causa más que justificada para “posponer” la consulta indígena (el Congreso nunca usó la palabra cancelar), pero el pecado de las instituciones potosinas fue no preveer una alternativa que evitara el incumplimiento de la Ley.
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Al cancelar la consulta indígena en marzo, el Congreso condenó la reforma electoral. Todo el trámite transcurrido entre marzo y junio, cuando se aprobó, fue inútil. Al igual que el gasto de casi diez millones de pesos para foros y la consulta.
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En una actividad muy comodina, los diputados echaron al Ceepac la responsabilidad de tomar las medidas pertinentes para arreglar su omisión.
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Obviamente, la SCJN no se tragó la maniobra y exhibió este ridículo legislativo. Uno más.
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La crisis de la seguridad en Zacatecas lo es también de San Luis Potosí, desde que varios de sus municipios del Altiplano han sido convertidos en cementerios de los grupos delictivos de operan en el vecino municipio.
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Pero también porque en esa zona de la entidad, la población potosina también sufre de otros delitos, como el secuestro y el robo de autos.
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Además de que la policía es escasa y mal equipada. A eso debemos sumarle una capacidad de reacción muy lenta. Si en dos días consecutivos les tiran cadáveres en su territorio, era de esperarse un operativo para evitar que hubiera una tercera vez. Pero ya se ve el resultado.
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Convaleciente y todo, el diputado Pedro Carrizales Becerra se dio tiempo para participar en una acre batalla de Twitter con su correligionario Gerardo Fernández Noroña. Ojalá su empeño en el Legislativo fuera tan grande como el que le pone a la controversia en redes.