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El alcalde Xavier Nava Palacios se topa ahora con las primeras fases de un juicio político en su contra, originado por el desalojo de ua funcionaria del Registro Civil.
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El asunto todavía es objeto de debate, pues es evidente que hubo excesos en esa acción de la policía municipal.
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Sin embargo, también hay elementos para pensar en la selectividad del Congreso del Estado a la hora de decidir qué funcionarios serán sometidos a esos procesos.
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Hace poco, se conoció la noticia de que más de una decena de denuncias de juicio político fueron desechadas y que sólo una, curiosamente otra funcionaria del ayuntamiento navista. De la polémica administración de Ricardo Gallardo Juárez, de la cual había varias querellas, nada.
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El estira y afloja en las comisiones legislativas que discuten las acusaciones fue tan descarado que la legisladora Beatriz Benavente salió de la sesión, debido al insano nivel que había alcanzado el jaloneo.
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Es decir, la justicia utilizada
como arma.
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En el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), hay aspiraciones
de “chapulinazo”.
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Al menos dos integrantes, la presidenta Elena Fonseca Leal y el consejero EdmundoFuentes Castro, se han inscrito en la lista de aspirantes a alguna de las cuatro consejerías vacantes en el Instituto
Nacional Electoral.
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A finales de febrero, ambos sabrán si tendrán que mudarse a la CDMX o se resignarán con la misma chamba.
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Con el incremento de la incidencia de homicidios, la actividad de grupos de la delincuencia organizada y desapariciones en San Luis Potosí, era natural que el estado registrara una consecuencia de este coctel macabro: las fosas clandestinas.
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Hasta hace pocos años, sin embargo, la idea de que en el estado hubiera fosas clandestinas no era
aceptada oficialmente.
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Sin embargo, y gracias en gran medida a la presión de organizaciones de personas desaparecidas en la entidad, se empezaron a realizar búsquedas en varios municipios donde se sospechaba que se hubieran sepultado a víctimas de la delincuencia.
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El último reporte de la Secretaría de Gobernación ubica 109 fosas clandestinas. De repente, San Luis fue, figurativamente, un cementerio.
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Pero detrás de la estadística, está el drama humano. Cientos de personas participan en las búsquedas, esperando que entre las piedras y arena, aparezcan restos que luego pudieran confirmarse como lo último que queda de sus seres queridos.
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Tras muchos años de incertidumbre, el estado al menos les ha dado la oportunidad de recuperar la esperanza de encontrar a sus familiares.
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Es encomiable que varias instituciones públicas del estado se sumen a apoyar la convocatoria del paro convocado para el 9 de marzo por colectivos de mujeres para protestar contra la violencia de género y los feminicidios.
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Pero sería mejor que instituciones como el gobierno del estado trabajara para hacer efectivas las estrategias previstas para prevenir la violencia y castigar de manera efectiva los feminicidios.
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O que la UASLP actuara efectivamente contra las denuncias de agresiones y violencia realizadas por sus alumnas.
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¡HASTA MAÑANA!