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Por fin, luego de una larga lucha, la familia de Karla Pontigo logró que la muerte de su hija tenga una nueva oportunidad de ser investigada, ahora desde una nueva perspectiva que tome en cuenta las evidencias que apuntaban claramente a un feminicidio, y no a una muerte por negligencia del dueño del antro en el que trabajaba.
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Pasaron años de lucha y de bloqueos en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado y en los tribunales, pero ante la última instancia judicial en este país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la familia de Karla obtuvo la garantía de una investigación adecuada y el acceso a la justicia real.
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Resulta una lástima que tuviera que ser hasta la SCJN en donde la familia obtuvo esa oportunidad. Implica que a nivel local, todas las instancias les fallaron. Pero al final, resultó una victoria.
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Los derrotados en este caso son los funcionarios de la pasada administración, especialmente el entonces procurador Miguel Ángel García Covarrubias, que quedó
en entredicho.
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Está por verse si las consecuencias también alcanzan al ex gobernador Fernando Toranzo Fernández, en cuya administración ocurrieron el crimen y la posterior investigación.
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En Palacio de Gobierno y en la Fiscalía, el dicurso fue el esperado: acataban el fallo y emprenderán la investigación bajo las nuevas directrices. Tienen el reto de ser diferentes (y mejores) que la administración torancista y la obligación de no incurrir en los mismos errores.
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En la pasada Legislatura, a algunos de sus integrantes se les ocurrió la idea de convertirse en gestores de obra en los municipios, creando una partida millonaria que quedó bajo control de los diputados, que decidirían a discreción su destino.
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Obviamente, el asunto acabó mal y el dinero, en su mayor parte, fue observado como una irregularidad debido a que en muy pocos, quizá en ninguno, el dinero llegó al destino previsto.
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El caso sirvió para demostrar que poner a los diputados a administrar recursos, actividad que, por lo demás, no cae en sus atribuciones, no es una buena idea.
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Eso deberían recordar en la actual Legislatura con la idea de crear un fondo de rescate para alcaldías envueltas en problemas financieros por los
laudos laborales.
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La idea, afortunadamente, está lejos de concretarse, lo que da una oportunidad para que los diputados recapaciten sobre ella.
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La intención podrá ser buena, pero la tarea no es de los legisladores, ni rescatar a los alcaldes ni decidir el destino de recursos públicos.
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Cuando surgió el fondo para obras, la medida se interpretó como una fuente más de dinero para que quedara en control de la Legislatura más corrupta en
la entidad.
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Ojalá que sus sucesores resistan la intención de emprender una maniobra que se le parece mucho a lo que antes hicieron quienes ocuparon sus curules en el pasado.
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¡HASTA MAÑANA!