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El criterio de los jueces permite saber que como mínimo, una persona sí puede ser vinculada a proceso por el caso de la sustracción de dinero del presupuesto de la Auditoría Superior del Estado, justificado con facturas de una fiesta navideña que nunca ocurrió.
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Eran los tiempos del apogeo de la “ecuación corrupta” en el Congreso del Estado y del inicio del proceso en el que se cocinaban alianzas, precisamente entre los diputados mencionados en aquella historia, contada por el entonces diputado Enrique Flores, y grupos muy identificados tales como el gallardismo. Un diputado hablaba de planear la petición de dinero a alcaldes, y los auditores que no veían nada de anomalías en las cuentas públicas, tampoco advirtieron que su personal pagaba una fiesta que no existió.
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Eran también los tiempos en los que la Auditoría Superior del Estado podía dictaminar cuentas públicas inmaculadas del ayuntamiento de Ricardo Gallardo en la capital potosina, donde su sucesor Xavier Nava Palacios ha encontrado manejo fraudulento de recursos por cantidades multimillonarias, casos donde el nieto del extinto líder civilista Salvador Nava Martínez, no quiere que se repita la historia de que quien “transa” es un héroe.
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En ese sentido, quienes calcularon que se repetiría la historia de que el alcalde sucesor encubre al antecesor se equivocaron. Las alianzas corruptas cambiaron de mapa, y la ruta de quienes participaron en las anomalías de la Auditoría Superior y de la “ecuación corrupta”, poco a poco está mejor definida. En algunos casos algunos de los señalados se alían en grupos o partidos políticos con deseo de innovación, y en otros el proceso de investigación penal está avanzando.
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Aún así, en la reconstrucción histórica de las anomalías de la alcaldía capitalina detectadas al gobierno de Ricardo Gallardo, es preciso recordar que la Auditoría Superior del Estado encontró anomalías por una cantidad ligeramente mayor de 200 millones de pesos del ayuntamiento gallardista de la cuenta pública 2017 y curiosamente, el gobierno de Xavier Nava consigna irregularidades por cantidades mucho mayores. O la ASE se basó en un muestreo aleatorio, o algunos de sus auditores se negaron a profundizar en la cuenta gallardista.
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Para el caso de la fiesta fantasma de la ASE, la actual administración del organismo auditor ha participado aportando los datos solicitados por el Ministerio Público. Ya hay un vinculado a proceso, y falta ver en las próximas horas la suerte de los restantes mencionados por el fiscal.
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Procurar y administrar justicia no es cosa fácil, pero San Luis Potosí tampoco se merece que no respondan quienes tienen en sus manos castigar a quienes roban los recursos públicos y exigirles la reparación del daño. Observaciones financieras multimillonarias de saqueo o mal uso de dinero público en diversas instancias, siguen en la fila de los procesos de investigación. Si necesita personal temporal extra, la fiscalía competente debería contratarlo para desahogar la investigación de denuncias pendientes.
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Preocupante sería que las autoridades responsables de apoyar el rastreo de los recursos robados, mejor se codeen con quienes sustrajeron el dinero. La confianza en las autoridades se ganará poco a poco y sólo si actúan. Por lo pronto, será necesario esperar para que un juez determine quiénes pudieran ser vinculados a proceso por un asunto tan absurdo como inventarse una fiesta.
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¡HASTA MAÑANA!