La guardia y las dudas Deuda a la vista
La respuesta del gobernador Ricardo Gallardo Cardona a la revelación del decreto que modifica la Dirección General de Ayudantía y Protocolo (que lleva además en su nuevo nombre “Del Ciudadano Gobernador) genera nuevas dudas, más que despejarlas.
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Para el mandatario, lo importante de la medida es el ahorro que generaría el cambio, al que incluso le puso números: entre 700 y 800 mil pesos. Sin embargo, no cuadra con el gasto actual que la propia Secretaría Particular del Gobernador reporta para la nómina de la Ayudantía, que es inferior: 508 mil pesos. ¿Cómo ahorrar lo que no se gasta?
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Por otro lado, en realidad no se está dejando de erogar un peso, pues los 106 escoltas que se manejaban en la anterior administración, que según el mandatario daban servicios de protección a otros funcionarios y sus familias, van a ser regresados a la Secretaría de Seguridad Pública, a cumplir labores de vigilancia.
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Es decir, van a seguir laborando en otros ámbitos, y por tanto, van a seguir cobrando sus percepciones. Ahorro sería que se dejara de pagar la suma de sus sueldos y prestaciones, pero no se ha hablado de despidos. Al menos hasta el momento.
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Por otro lado, el adelgazamiento de la Ayudantía, en la versión del mandatario, dejaría a la dirección con 4 personas. Parece un número insuficiente para la cantidad de tareas que el decreto del mandatario le ordena.
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Y es que aunque alude al tema de una guardia creada para protegerlo a él, a su familia directa y consanguínea y a sus invitados especiales, en todo tiempo y en todo lugar, solo para negarlo, lo cierto que esas tareas están plasmadas en el decreto, que él firmó, como responsabilidades de la Ayudantía. ¿Bastarán
4 personas?
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La nueva administración estatal se apresta a estrenarse como deudor bancario. También
muy temprano.
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Parte de los recursos que se puedan obtener del proyectado crédito irían a los ayuntamientos, algunos de los cuales, es cierto, tienen ingresos de penuria.
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Pero habrá que tener cuidado de que no se trate de una promesa populista, que tome a los ayuntamientos como pretexto para justificar el nuevo pasivo.
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Muy oportuno es el reporte de las participaciones federales que emitió Finanzas y que evidencia que el final de las administraciones municipales se enmarcó en el recorte presupuestal.
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La Secretaría de Finanzas debe justificar el destino de los recursos, ojalá no de una manera ambigua, como en su informe para argumentar que la eliminación del cobro de licencias y placas no impactará las
finanzas estatales.
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Por cierto, resulta contradictorio ver cómo el nuevo gobierno se resigna a endeudarse y, al mismo tiempo, renuncia al ingreso de control vehicular.
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¡HASTA MAÑANA!
