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Cada vez queda más claro que existe una sospechosa laxitud de la Fiscalía General del Estado en lo referente a las denuncias que las actuales administraciones del ayuntamiento capitalino y del Interapas en contra de las anomalías detectadas a los antecesores gallardistas en esas instituciones.
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Desde luego que se sabe que la justicia es tardada, y más en San Luis Potosí, pero al parecer, no sólo no hay avances en algunas de las indagatorias, sino que la dependencia a cargo de Federico Garza Herrera parece muy empeñada, en algunos casos, en desestimar la calidad de afectado de los denunciantes.
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La sola posibilidad de que no exista una causa justificada para desestimar las denuncias es demasiado peligrosa. La mejor forma de evitar que esto ocurra es que los afectados no dejen de presionar y que denuncien el incumplimiento.
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Esta situación lleva a la reflexión de que San Luis Potosí vive una cruel paradoja: es casi imposible que se castigue un caso de corrupción, pero a la vez, existe un cúmulo de dependencias supuestamente diseñadas con ese fin, que disponen de onerosos presupuestos y que al final, resultan inútiles.
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Hay contralorías internas, una Contraloría General, una auditoría superior estatal y otra federal, la Secretaría de la Función Pública, una Fiscalía Anticorrupción, Una Comisión de Vigilancia y una Unidad de Evaluación y Control en el Congreso, además del Legislativo mismo, y todo un Sistema Estatal Anticorrupción.
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Los funcionarios corruptos que han pisado la cárcel o resarcido el daño que han causado por el trabajo de todas estas dependencias en los últimos años no alcanzan a contarse con los dedos de las manos.
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Y sin embargo, no sólo son costosísimas para el erario, sino que también son generadoras de situaciones corruptas.
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Esto ocurre porque los políticos potosinos así han diseñado (pervertido) el sistema y las instituciones.
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Hablando sobre el tema, parece que el ridículamente oneroso plan presupuestal del Secretariado Ejecutivo y el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción podría no prosperar, afortunadamente.
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Pese a lo que señalan al interior de esos organismos, que se aplicó el presupuesto de manera “retroactiva”, la alternativa de dividir el presupuesto en el tiempo que le queda al año y ejercer ese proporcional era el adecuado.
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En el asunto del severo recorte presupuestal que propina la 4T al estado en su proyecto para 2021, del lado gubernamental se ha escuchado las voces del Ejecutivo y algunos alcaldes, que oscilan entre la resignación y las justificaciones de lo que se dejará de hacer.
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¿Pero y los otros dos Poderes? El Congreso y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado siempre han acostumbrado obtener cada año mayor presupuesto. ¿Estarán dispuestos a soportar un recorte? Desde luego, no parecen tener otro remedio, pero sería interesante escucharlos.
¡HASTA MAÑANA!