Largo concejo “Guardadito” ilegal
A las 23:20 horas de ayer, al cierre de esta columna, la página oficial del Periódico Oficial del Estado aún no publicaba el decreto que oficializaba la creación del municipio 59 del estado.
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Le fue asignado el número 1074, pero hasta la hora mencionada, sólo aparecían el 1073 y el 1075, correspondientes a la apertura y al cierre del décimo cuarto periodo extraordinario de esta Legislatura, donde el único punto tratado fue el de la municipalización.
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Sin embargo, desde las seis de la tarde, el citado decreto ya circulaba a través de redes sociales, que de ninguna manera son canales oficiales y no le otorgaba validez legal.
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Habrá que ver con qué fecha aparece la publicación, pues todavía le quedaban al POE unos minutos para publicarlo en la fecha.
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El asunto refleja la enorme velocidad que el gallardismo, única corriente política interesada en concretar el nuevo municipio, por concluir el proceso.
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Otro signo de precipitación está en el choque de posturas sobre cuándo tendrá Pozos un Ayuntamiento en forma.
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Una revisión de los textos relacionados con el asunto: la Constitución estatal, la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley Electoral, no encontró, en el caso de los nuevos municipios, más que la siguiente fecha electoral siguiente a la creación del municipio, en este caso, el 2 de junio de 2027.
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Sí se habla de elecciones extraordinarias, pero se establecen en caso de desaparición de municipios o fallecimiento de autoridades electas, no de nuevos municipios.
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Quizá por ello, el Congreso no estableció la celebración de comicios extraordinarios, sino que dejó abierta la puerta a un concejo vigente durante el trienio.
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¿El problema? Hace unos días, el gobernador Ricardo Gallardo habló hasta de una partida presupuestal especial para celebrar en 2025 elecciones extraordinarias.
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Será muy interesante saber qué criterio prevalecerá… y si es cien por ciento legal.
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Por otro lado, este día, el Ayuntamiento capitalino dará a conocer su opinión legal y política sobre el asunto, existen muchas probabilidades de que no complazca a los promotores de la municipalización.
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El “guardadito” que Finanzas afirma que le está haciendo a la Dirección General de Pensiones es la más evidente admisión de este gobierno estatal de que es responsable del quebranto que sufre el organismo y probablemente también sea la admisión de un manejo irregular de esos recursos.
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A contrapelo de los reclamos mensuales de los sectores beneficiarios de los fondos de retiro, e incluso el reconocimiento de la propia Dirección General de Pensiones, de que existe un adeudo que ya roza los cinco mil millones de pesos, la Secretaría de Finanzas cae en la irracional declaración de que no hay tal adeudo.
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El actual gobierno estatal está dispuesto a retorcer la realidad con tal de no reconocer su responsabilidad en el quebranto.
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¡HASTA MAÑANA!
