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El ayuntamiento capitalino admitió que en la compra de productos y servicios, además de la contratación de obra pública, se ha inclinado por los métodos más rápidos, pero que se prestan más a las suspicacias: la adjudicación directa y la invitación restringida.
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Pero, de acuerdo a la explicación dada ayer por la Oficialía Mayor y la Dirección de Obras Públicas, las medidas estuvieron justificadas por la premura para evitar la supuesta pérdida de recursos federales o por el riesgo que implicaba para la alcaldía no hacer esos gastos.
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Podrían tener razón, pero ambos funcionarios no respaldan sus afirmaciones de manera documental. Son sólo dichos. Entonces, El problema del gobierno de Xavier Nava Palacios es de transparencia.
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La fracción XXXIV del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga a los entes públicos potosinos a publicar 60 indicadores sobre los proceso de compras y adquisiciones.
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El ayuntamiento capitalino, al menos en lo que corresponde al reporte de enero, mantiene en la opacidad a 22 de ellos, algunos de los cuales tan importantes como el acta de fallo, los contratos, las autorizaciones de ejercicio de opción, origen de los recursos, informes de avances físicos y financieros.
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Que los documentos están en proceso o no se generaron o simplemente el espacio está en blanco.
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Y en el apartado en donde se pide justificar los motivos de la decisión de asignar la obra pública, la explicación es distinta a la que ofrece la Dirección de Obras Públicas. No se habla de premura en gastar fondos que pudieran perderse, sino de que se cumple con el decreto que establece los montos mínimos y máximos para cada tipo de contratación, lo que en varios casos, tampoco se cumple.
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Por otra parte, mientras que en la contratación de productos y servicios como medicinas y atención hospitalaria sí se habla del artículo que establece las excepciones para realizar adjudicaciones directas, no se fundamenta en el reporte las causas explícitas que justifiquen esa decisión.
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En suma, la alcaldía puede explicar mediáticamente los motivos de sus decisiones a la hora de comprar bienes y servicios y contratar obra. Pero no está cumpliendo con la obligación de transparentar sus decisiones.
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Y en eso, no es muy diferente del régimen anterior.
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Los que también tienen problemas con la transparencia son los diputados. Y al igual que la alcaldía, caen en el mismo vicio que le criticaban a sus antecesores.
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Durante casi toda la Legislatura anterior, el Consejo de Transparencia del Legislativo, órgano ciudadano de consulta sobre temas de transparencia, reprobó a los diputados del Congreso más opaco de la historia de la entidad.
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Hoy, le repiten la dosis a la nueva Legislatura, la que prometía ser diametralmente opuesta a sus antecesores.
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Parece que el destino de la vida pública en San Luis es que las nuevas versiones de los poderes públicos incurran en los errores de sus antecesores, por más que aseguren que serán distintos.
