Las dudas sobre COR Universitarios enojados

Fue durante un foro organizado ayer por instancias defensoras de derechos humanos, dependencias gubernamentales y grupos ciudadanos en el que se revisó la situación de los jornaleros agrícolas y otros trabajadores del campo en San Luis Potosí.

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El subsecretario de Derechos Humanos del gobierno estatal  presentó un diagnóstico del Ejecutivo sobre las malas condiciones de los jornaleros agrícolas. 

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Y palabras más, palabras menos, según asistentes al evento, puso como ejemplo de esas malas condiciones el accidente que le costó  la vida a cinco personas en un rancho propiedad del diputado local y ex secretario general de Gobierno, Cándido Ochoa Rojas.

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Luego, ya en entrevista, señaló que hay dos factores que habrían de ser aclarados en este caso: ¿por qué los dos agentes de la Fiscalía General del Estado asignados a la vigilancia del ex funcionario estatal y diputado no estaban con él, cuidándolo, sino a 200 kilómetros de distancia? Y ¿por qué no estaban haciendo eso, precisamente?

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Usualmente, en casos como este se hubiera registrado el mutismo, la cautela y el bajo perfil de una autoridad que investiga a otra de un Poder distinto. Aún más, que había pertenecido a esa autoridad a un alto nivel.

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No es el caso. El asunto del rancho de Cándido Ochoa Rojas y sus cinco muertes parece estar en la lupa de algún sector del Ejecutivo. 

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Al menos, es visto como un problema de derechos humanos. Y no se descartan alguna otra conclusión derivada de las investigaciones.  

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Que vaya a haber alguna consecuencia relevante en este asunto aún es incierto, pero resulta bastante notable que en el Ejecutivo exista esta visión de que en el caso de la muerte de los cinco hombres en el rancho huasteco del diputado, dos de ellos funcionarios, algo anda mal.     

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Quien presentando un diagnósitico de Gob. del Edo. sobre lo mal de las condiciones de jornaleros, puso de ejemplo de violación de DH el caso de "5 jornaleros muertos limpiando un tinaco en un rancho de la Huasteca" 

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Los recortes que el gobierno federal está imponiendo podrían tener  ya  una respuesta en contra. Y no vendrá de las autoridades de los estados y los municipios a las que se les han presupuestado menos recursos para el año entrante, sino de las universidades públicas.

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El personal académico de la UASLP anuncia que se unirá a la protesta nacional que se realizará el próximo 9 de octubre para reclamar lo que denominan un descuido de años en el presupuesto de las universidades, cuyas labores ya resultan afectadas por el continuado descenso de las participaciones entregadas a las universidades de todo el país.

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Los términos son duros contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es al que menos le conviene es terminar el año con un conflicto  con los universitarios. 

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El diputado Pedro César Carrizales dejó ya en claro que sólo ve un trampolín en el cargo que detenta ahora. Está más interesado en el reflector nacional que en cumplir con su responsabilidad.

¡HASTA MAÑANA!