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Los llamados para que las autoridades endurezcan sus posturas hacia las omisiones ciudadanas a las medidas sanitarias se están extendiendo.
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Y las autoridades locales, en especial los ayuntamientos, harían mal en desdeñarlos.
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Los grupos empresariales le imprimen formalidad a la exigencia de sanciones a la desobediencia de las reglas de distanciamiento y el desdén al cubre bocas, haciéndola por escrito a los ayuntamientos de la cada vez más grande zona metropolitana.
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El argumento de las autoridades municipales de no endurecer las medidas contra el COVID por querer evitar fricciones con los desobedientes choca con los principios del bien común y el bien mayor no parece sólido.
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En especial debido a que, en otras circunstancias, como por ejemplo la clausura de los antros, el ayuntamiento capitalino no parece muy interesado en las quejas de los afectados.
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Y ni hablar de las fricciones, pues esas clausuras han generado protestas y bloqueos.
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Habrá que esperar las explicaciones de los ayuntamientos involucrados. Cualquier reticencia tendría, en este escenario de pandemia, una corresponsabilidad sobre el curso que tome la enfermedad.
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Algo semejante podría comentarse sobre la actuación del gobierno del estado. Los funcionarios pueden imprimirle el dramatismo que quieran a sus llamados para que se respeten las medidas sanitarias, pero harían bien en recordar que son autoridades y disponen de herramientas para hacerlas cumplir.
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Los políticos que andan en campaña deberían meditar si la exhibición vale tanto como para arriesgar la salud.
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El virus no respeta aspiraciones electorales ni colores partidistas.
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El erario de la San Luis Potosí se quitaría un gran peso de encima si se confirma que este año, no habrá aumento salarial y de prestaciones a la burocracia del gobierno estatal.
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Parece un ejercicio de congruencia entre la administración y las representaciones sindicales en tiempos en que lo que más falta es dinero.
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El anuncio lo hizo uno de los sindicatos minoritarios, por lo que queda pendiente de saber si la postura fue compartida por el gremio principal de la burocracia estatal. Una negativa de Bernardina Lara descarrilaría las cosas.
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Está escalando el fuego mediático en diarios de la CDMX contra el diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ricardo Gallardo Cardona, está arreciando.
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Salvador García Soto, cuyos textos aparecen en El Universal, lanza serias acusaciones contra el legislador, señalando que hay una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda que lo vinculan a negocios muy muy oscuros.
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El rejuego electoral del estado también se da fuera del estado.
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¡HASTA MAÑANA!