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Pues parece que el gobierno federal no se enteró de la declaración hecha desde el ejecutivo de que la horrenda racha de abandono de cuerpos en el Altiplano no podría acreditarse, numéricamente, a San Luis Potosí.
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El reporte diario de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana sobre los delitos de alto impacto que se producen diariamente en todo el país ubicó, irrefutablemente, en San Luis Potosí los asesinatos que sacudieron el Altiplano en los primeros cinco días del mes.
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Zacatecas, estado en el que el gobierno potosino sugirió que debían acreditarse los homicidios, no los tiene asignados. Cierto es que la vecina entidad está sacudida por una guerra delictiva, pero al menos para efecto estadístico, no tiene que preocuparse, por ahora, de que sus cifras delictivas se engrosen por esos asesinatos.
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Hágase la austeridad en las finanzas ajenas. Ese fue el lema de la sesión de ayer del Congreso local, en la que los diputados rechazaron de tajo la propuesta del presupuesto solicitado por la Auditoría Superior del Estado (ASE). A la decisión no le faltó un toque de cinismo.
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Y es que fue unánime la condena de los legisladores a la pretensión de la ASE (que hay que decirlo: estuvo fuera de lugar al solicitar un incremento de 20 millones de pesos sin tomar en cuenta los pésimos augurios económicos), aduciendo falta
de resultados.
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Lo dijeron así, sin un ápice de autocrítica, porque es evidente que los legisladores no son ejemplo de buenos resultados.
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Obviamente, los diputados aprobaron su propio presupuesto que, desde luego, es superior al de este año.
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Habrá que ver si se sientan “en el banco de la realidad”, como lo llamó el secretario general de Gobierno Alejandro Leal Tovías, al proceso en el cual la Secretaría de Finanzas dialogará con las dependencias públicas estatales para exponerles el sombrío panorama financiero que depara 2021 y que la cobija no cubrirá los deseos de todos.
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Quizá ese diálogo sea necesario en el Poder Judicial, que plantea un presupuesto 23% más elevado para el año entrante. Parece que no ha quedado clara la gravedad de la situación financiera que se viene el año entrante.
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Los reclamos al DIF estatal por haber cancelado la atención a personas con espectro autista ya llegaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que está atendiendo la inconformidad de parientes que tenían acceso a ese servicio y que, de repente, se enfrentan a un cambio para el cual no fueron tomados en cuenta.
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El tema es delicado porque un cambio tan abrupto, que incluyó el cese del personal especializado del centro, con el que los pacientes ya habían forjado vínculos que favorecían a las terapias, podría afectar los usuarios, sobre todo, los más pequeños.
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¡HASTA MAÑANA!