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La imagen y el prestigio del Hospital Central Ignacio Morones Prieto, así como la del sistema de salud pública estatal en general, están en juego por el caso de la presencia de medicamento adulterado en el almacén de la institución.
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Al ser el cáncer la enfermedad que combatían el medicamento involucrado en las denuncias presentadas en diciembre de 2018 y abril de este año por la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), no es temerario pensar que el hecho puede compararse con el escándalo de la administración de medicinas falsas a menores veracruzanos enfermos de cárcel, durante el infame gobierno de César Duarte.
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La diferencia, hasta ahora, es que aquí no se ha confirmado si pacientes tratados por el Hospital Central recibieron la medicina apócrifa.
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Aunque sería de una enorme gravedad, el que algún enfermo haya recibido este medicamento chafa no es el único problema del Hospital Central.
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¿Cómo fue que más de 70 botellas de dos medicamentos relevantes en la lucha contra el cáncer, en poder del Hospital Central, pudieron ser violentadas en sus sistemas de protección y de autentificación e incluso, su contenido pudiera ser sustituido?
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Las denuncias de la Coepris parecen apuntar hacia los proveedores, cuatro, que o estaban considerados como distribuidores oficiales de los laboratorios fabricantes. Algunos de ellos, incluso presentaban anomalías en su facturación.
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El Hospital Central, la Coepris y los Servicios de Salud deberán dejar totalmente aclarada la situación, determinando el origen de la emdicina falsificada y castigando a los responsables.
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Pero sobre todo, debe informar si alguno o algunos de sus pacientes recibieron los fármacos falsificados. No es sólo el prestigio institucional lo que está en juego, sino vidas humanas.
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Si el caos que domina al Sistema Estatal Anticorrupción ha generado múltiples dudas sobre la voluntad política de las autoridades para combatir estas anomalías, el anuncio del Fiscal Anticorrupción, Alejandro Vera, acabará por demolerl las esperanzas de que algún día funcione.
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Resulta que la instancia ecargada de combatir la corrupción en la entidad se ha desentendido del caso emblemático de corrupción en San Luis: el de La Ecuación Corrupta.
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Al cumplirse dos años del destape del escándalo, Alejandro Vela señaló que su fiscalía se desentendía del asunto debido a que las denuncias en su contra fueron presentadas con anterioridad a la que la dependencia entrara en vigor.
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En suma, una cuestión de calendario fue el pretexto esgrimido para desentenderse de la investigación.
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Pero lo más grave del asunto es que hace un año, el mismo funcionario daba cuenta de los trabajos que realizaba sobre el asunto. Es decir, sí estaba investigando La Ecuación Corrupta.
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¿Qué hizo Alejandro Vera el último año en un caso que le correspondía? Si no es su dependencia, ¿cuál está investigando a La Ecuación? ¿Qué pasa con los demás escándalos, como los de la ASE?
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Lo que es claro es que la promesa de la Fiscalía Anticorrupción resultó estar totalmente vacía.