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Hace algunos días un noticiero nacional cuestionó a la Secretaría de Salud federal porque uno de sus funcionarios aseguraba que un proveedor no llevaba medicamentos a los hospitales. El analista del noticiero cuestionaba que si más bien no era el Gobierno Federal quien no pagaba el proveedor y por ello no llegaban los insumos. El tema viene desde la administración central en la Ciudad de México.
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Este domingo el hospital general del ISSSTE, ubicado en la calle Carlos Diez Gutiérrez, tocó fondo en materia de carencia de insumos. La falta de personal de enfermería y camilleros, que padecen los médicos todos los fines de semana desde hace 20 años, y la ausencia de materiales para intervenciones quirúrgicas de urgencia, dejaron en evidencia la grave irresponsabilidad de la administración central del ISSSTE, que mantiene vacíos los almacenes en San Luis Potosí. La negligencia médica no es tal; es criminal negligencia administrativa central.
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Ni materiales para osteosíntesis ni clavos intramedulares había en bodega. Son materiales que un paciente no puede comprar con sus ingresos. Cabe precisar que las quejas no se refieren a medicamentos sino a otros materiales de intervención de urgencia que pueden evitar complicaciones de enfermedades tales como trombosis o cualesquiera otras otras de las que se trate... o la muerte. Llama la atención la doble cara del ISSSTE, en la que por arte de magia aparece personal que no acostumbra a acudir al hospital sólo cuando recibe la noticia de que habrá una revisión de la Ciudad de México. El error de los auditores es precisamente prevenir al ISSSTE de la remisión. Ello es un indicador de que las oficinas centrales no controlan las delegaciones.
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Desde el inicio del proyecto en 1997, la explotación de metales bajo el método de tajo abierto ha sido uno de los planes de riesgo ambiental más cuestionados por expertos. El sólo hecho de involucrar el retiro de fauna y especies vegetales nativas involucra una modificación ambiental que podría ser irrecuperable para la zona sacrificada.
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De esa forma sucedió en el municipio de Noria de Ángeles, perteneciente a Aguascalientes, para el caso de la compañía minera Real de Ángeles. La compañía utilizó una constructora para demoler viviendas y entregar casas nuevas a Los afectados en un sitio cercano en el que fue creada una colonia. El suelo desocupado fue utilizado para la destrucción del cerro y la explotación de oro en la década de los años ochenta del siglo pasado. Nadie acudió a remediar el daño ambiental hasta la década pasada.
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En la comunidad de Santa Rosa de Gallinas, perteneciente al municipio de Villa de Arriaga, y colindante con Pinos, Zacatecas, otra compañía minera pretendía extraer metales preciosos de los cerros enmarcados en el territorio zacatecano, por medio del proyecto a tajo abierto para “voltear” un cerro y dejar los desechos en Villa de Arriaga, tal y como lo denunciaron los habitantes de la zona a PULSO en el año 2006. Era un predio de explotación de caolín, pero sin mayor compromiso ambiental que el comprometido para crear el tajo abierto en la extracción de oro.
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La actividad minera requiere por obligación labores de inspección de terceros para transparentar el trabajo ambiental. Hasta ahora sólo la Industrial minera México lleva un proceso de clausura de sus actividades por medio de la mitigación de riesgos después de décadas de operación de una planta de Industria pesada en Morales. Si en Cerro de San Pedro, La compañía minera que por más de una década extrajo oro del sitio se niega a una inspección, tarde o temprano la autoridad ambiental federal le practicará una revisión.