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No fue buena la reunión que tuvo ayer el fiscal Federico Garza Herrera con los diputados locales. Del recital de cifras de lo que él considera avances de su dependencia, pasó al enfrentamiento directo a la hostilidad con la que lo recibieron algunos legisladores, que se le fueron a la yugular.
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El funcionario estatal evidenció la tensión de los últimos días y no respondió correctamente al encono de algunos de los diputados.
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Fue otra oportunidad perdida de un diálogo de provecho entre ambos poderes.
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Al menos, el fiscal podrá presumir que logró que se vinculara a proceso a los perpetradores del desvío de 600 mil pesos de la ASE en la polémica “fiesta fantasma”.
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El juez de control aceptó los elementos de la fiscalía para ordenar una investigación por los indicios criminales que rezuman del caos.
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El estado se encuentra ante la oportunidad de castigar uno de los más escándalos casos de presunta corrupción registrados en los últimos años, si no por el monto, sí por el cinismo con el que se perpetró.
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Ojalá que los responsables señalados –y faltan varios ex diputados con evidente responsabilidad– sirvan de ejemplo de que en San Luis, malversar fondos tiene consecuencias.
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La buena en los Servicios de Salud es que ya casi revirtieron el incumplimiento de su obligación de transparentar su información financiera.
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Pendiente desde buena parte del año pasado, los informes financieros mensuales ya están actualizados hasta febrero pasado.
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La mala es que hay atraso en la información de marzo… y siguen las justificaciones de esa anomalía. Las dependencias obligadas tienen 10 días para entregar a la Plataforma Estatal de Transparencia su información. Es obvio que para estas fechas, están más que rebasados los límites de entrega de la información de marzo.
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Pero en lugar de presentar los reportes financieros del mes, la SS recurre al mecanismo de los memorándums en donde se externa la causa del incumplimiento. Primero fueron problemas por el cambio del sistema, luego, la modificación de los procedimientos de captura de la información y ahora, en un documento fechado el 20 de mayo, la Dirección de Administración de los SS indican que la información de marzo “se encuentra en preliminares”, cualquier cosa que signifique eso.
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Se podría apreciar el avance en la presentación de los datos atrasados, pero hasta no estar al corriente totalmente, la obligación quedará incumplida.
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El nuevo escándalo del diputado Pedro Carrizales, al capitanear un grupo de choque que impidió violentamente el desalojo de una vivienda ocupada por una parienta, podría quitarle la careta bienhechora que presente ante la opinión pública nacional.
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El asunto no es poca cosa y acarrea hasta consecuencias penales. A ver si no se estropea la cultivada imagen que ha tejido el legislador en las redes sociales.
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¡HASTA MAÑANA!