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La Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado, por extensión, perdieron la oportunidad de externar una postura en el segundo aniversario de la “Ecuación Corrupta”.
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No solo no les interesaron los requerimientos de la prensa sobre el asunto, sino que no tuvieron la iniciativa de emitir un comunicado en referencia a este oscuro hito en la historia potosina.
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No es poca cosa ese desdén para una administración que, nunca está de más recordarlo, estableció que su principal compromiso era el combate a la corrupción.
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De por sí, la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción está empantanado y, en la práctica, simplemente no está funcionando.
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Las voces empresariales, que sí tocaron el tema, tienen razón al decir que la impunidad que ha primado en el caso de la “Ecuación Corrupta” es una burla para la ciudadanía y que la lucha anticorrupción en San Luis Potosí está “en la lona”.
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Antier, el Ejecutivo anunció la firma de un acuerdo con el ISSSTE para saldar la deuda acumulada desde el sexenio anterior por cuotas no entregadas al instituto.
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No se manejaron cantidades, pero habría que recordar que en septiembre de 2018, el Ejecutivo pidió, y el Legislativo aprobó, comprometer el 2.5 por ciento de las participaciones federales recibidas por la entidad para saldar un adeudo de mil 225 millones de pesos.
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Como suele ocurrir en estos casos, en Palacio de Gobierno se juró y se perjuró que no se ampliaría la deuda pública ni se afectarían las finanzas estatales.
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Sin embargo, en la víspera del final del gobierno de Enrique Peña Nieto, el entonces titular de la Secretaría de Finanzas, José Luis Ugalde, advertía que habría problemas si no se concretaba el convenio con el ISSSTE, temiendo que el cambio de gobierno federal modificara las condiciones establecidas con el gobierno peñanietista.
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Cobro directo a las participaciones, la imposición de impuestos no acordados o cambios en los pagos fueron citados entre los riesgos.
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Llegó AMLO, Ugalde se fue y del asunto no se conoció nada hasta ayer.
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Habrá que estar pendientes si las temidas modificaciones se concretaron o si, al final, las cosas salieron bien.
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La austeridad de la 4T se abalanza sobre el sistema electoral en los estados. Morena en las cámaras federales anunció la presentación de una iniciativa para adelgazarlo brutalmente.
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Incluye al INE, pero también a los órganos electorales estatales, de los que se propone su desaparición.
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El Ceepac, como era de esperarse, se defiende al señalar que se trata de un atentado a la democracia de los estados.
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Pero ante las enormes inversiones que requieren las elecciones, distraídos del erario, hacen ver el asunto como una
buena idea.
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¡HASTA MAÑANA!

