Otro revés Les doraron la píldora
Como ocurrió con el Coneval, que reveló el incremento de la pobreza extrema en San Luis, otra dependencia federal desnuda los fracasos del gobierno de Juan Manuel Carreras López en su recta final.
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Ahora fue el Inegi el que expuso otro retroceso del estado, ahora en el tema que el gobernador prometió en el mismo inicio de su mandato: el combate a la corrupción.
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De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2020 (Encrige), la percepción de los empresarios de trabajar en un entorno corrupto se disparó casi 11 puntos entre 2016 y el año pasado. De 72%, pasó a 83%
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Como ocurre con la encuesta de percepción de inseguridad, éste
es un termómetro de lo que viven diariamente la población. Y refleja en cierta medida a la realidad que vive la entidad.
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Los resultados de la Encrige para San Luis coinciden en cierta medida con lo ocurrido en materia de combate a la corrupción durante esta administración.
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El Sistema Estatal Anticorru-pción, presumido en el discurso inaugural de Carreras López apenas pudo completarse este año, tras una larga y caótica organización, muchas veces torpedeada por las dependencias y ciudadanos involucrados en el sistema. En la práctica, no ha entregado ningún resultado.
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Mientras que las fiscalizaciones hechas por las auditorías estatal y federal han arrojado observaciones por miles de millones de pesos a lo largo de este sexenio, marcadamente en la Secretaría de Salud.
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Ayer, fueron los diputados los que exhibieron su ignorancia en la comparecencia del director del Hospital Central, Francisco Alcocer. Los pocos que asistieron a la comparecencia del médico.
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A los cuestionamientos sobre la compra de medicamento falsificado recientemente destapada, el funcionario mezcló dos casos distintos para hacer parecer que fue el propio hospital el que alertó sobre la irregularidad.
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El caso en el que el Hospital sí emitió la alerta, que derivó en una denuncia de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, ocurrió en noviembre de 2019, y no se trató de compra de medicamentos falsos contra el cáncer, sino del hallazgo de medicamento oncológico adulterado de las marcas MabThera y Cardioxane.
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El segundo caso lo detonó la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, al emitir, en julio de 2019, cuatro meses antes del incidente relatado en el párrafo anterior, al emitir una alerta sanitaria sobre la detección de cinco lotes de un medicamento distinto, Herceptin, presuntamente falsificado.
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Las compras que hizo el Hospital Central del medicamento ocurrieron antes, entre 2016 y 2018. No hay ninguna evidencia de que el hospital hubiera hecho denuncia alguna del caso ni de que hubiera detectado medicamento apócrifo cuatro meses antes de que se emitiera la alerta de falsificación.
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Es probable que los diputados ni siquiera estuvieran enterados de la mezcla de asuntos, porque aceptaron la explicación sin cuestionamientos.
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