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El estado sigue sin poder controlar una pandemia más letal que la del coronavirus, la de la violencia delictiva.
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El Sistema Nacional de Seguridad Pública lo adelantó el día 20 y el Semáforo Delictivo puso ayer el foco en que los aumentos de incidencia más graves.
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En comparación con otras entidades, el semáforo delictivo potosino es el segundo peor, sólo por detrás de Quintana Roo, un estado en el su principal centro turístico es un campo de batalla.
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Supera incluso al nivel de Guanajuato, quizá la entidad más sacudida por la violencia delictiva en los últimos meses.
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Simplemente ayer, la zona metropolitana fue de nuevo escenario de una doble ejecución en la colonia Libertad y se habló de otra muerte violenta en la calle Ricardo B. Anaya.
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La gravedad de la pandemia del COVID-19 es innegable e implica un peligro terrible para la población. Pero todavía este riesgo es evitable.
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No hay que olvidar que el problema de la delincuencia en San Luis lo hemos sufrido desde hace años. Y no ha habido estrategia que funcione.
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La renuncia de Alejandro Vera a la Fiscalía Anticorrupción ya fue notada por los organismos civiles que monitorean el avance de los sistemas estatales anticorrupción en el país.
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Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló un documento en el que reportó la regresión que sufrió San Luis Potosí con dicha renuncia, pues dejó al estado entre los pocos que carecen de esa figura, clave en la lucha anticorrupción.
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También resaltó la lentitud de las instancias estatales para completar las distintas fases de la creación del SEA, una de las más marcadas entre los estados.
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Y ayer, el Congreso del Estado comprobó lo anterior al revelar que el Ejecutivo no ha enviado las ternas de candidatos a llenar ese hueco.
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Es cierto que la pandemia ha paralizado en la práctica toda acción que no esté encaminada a combatir al COVID-19, pero la renuncia de Vera Noyola se registró mucho antes. Había tiempo para hacer esas designaciones.
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El paso de tortuga en los trámites del SEA no parece fortuito. El alargamiento del proceso conviene a muchas de las partes que tienen la tarea de impulsarlo.
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El discurso de la lucha contra la corrupción como una prioridad del Estado potosino ha demostrado ser sólo eso, palabrería.
¡HASTA MAÑANA!