Pírrica alza “Unidad” panista

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Podría decirse que, al menos, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) no se reducirá otra vez en 2020, pero con el terrible panorama que se vive en San Luis Potosí a causa de la actividad delictiva, cinco millones de incremento parece demasiado ínfimo.

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Ya definido el presupuesto federal en la Ley de Ingresos del Estado para el año entrante, resultó que el monto del FASP será de 183.8 millones de pesos. Este año, fue de 178.7 millones. El incremento fue de apenas de 3.1 por ciento.

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Esa cifra todavía se ve más reducida al recordar el hecho de que al presupuesto original de la Secretaría de Seguridad Pública para el año entrante se redujo 150 millones de pesos luego de que el Congreso aprobara la última versión del presupuesto de egresos, ya con los recortes aplicados por la disminución de los fondos federales.

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Falta por definirse la magnitud del recorte que sufrirán los municipios cuando se defina el monto del Fortaseg para hacer el corte de caja de una cuenta que aparecerá en rojo.

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El combate a la delincuencia es muy costoso, e irremediablemente, tendrá consecuencias en la situación ya de por sí complicada que vive el estado.           

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Sonia Mendoza contribuyó ayer a la tradición panista de destrozarse internamente cada vez que hay candidaturas en juego.

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En Valles, nada más acusó de traidor al ex senador y ex alcalde Octavio Pedroza por su presunto apoyo a los priistas en la pasada elección por la gubernatura, que ella perdió.

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Eterno candidato pluri, lo etiquetó, además de señalarlo por conseguirle cargo a su hermano, el actual secretario de Finanzas.

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Lo bueno que la ex candidata panista acabó reconociendo que los panistas necesitan unidad. 

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El que enseñó el cobre, otra vez, fue el alcalde de Ciudad Valles, Adrián Esper, que evadió con burlas el tema de la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la falta del juez calificador en su gobierno municipal.

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Con aire de perdonavidas, retó a la dependencia a aplicarle otra recomendación y adoptó el papel de víctima. Todo por no aceptar la responsabilidad y emprender las acciones para corregirla. 

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Lo bueno que la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado  quería economizar. Hace algunas semanas, se conoció el despido de dos coordinadores de área del Legislativo. 

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Uno de ellos es el encargado del área de informática, destituido por orden de la Auditoría Superior del Estado debido a que su perfil académico no era el adecuado para el puesto.

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Al acordar las separaciones, la Jucopo aprobó darles una liquidación equivalente a 4 meses de ingresos, con el argumento de que así se evitaba que el despedido no abriera un juicio laboral.

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En el listado de cheques de noviembre aparece el que se le entregó al ahora ex funcionario. Su liquidación fue de 367 mil 521.89 pesos. Esto por un año de trabajo.

Y falta el finiquito de la ex coordinadora de Finanzas. Que no apareciera en la lista de noviembre podría evidenciar que quizá no aceptó la condición de abstenerse de pelear una indemnización. 

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¡HASTA MAÑANA!