Pretextos no faltan Trámite insensible
Es curioso cómo los funcionarios y funcionarias que han sido señalados por los órganos fiscalizadores estatal y federal de ejercer de manera irregular los recursos públicos que les han sido encomendados reaccionan cuando esa información es hecha pública.
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De inicio, la negación rotunda de cualquier irregularidad, como si no hubiera documentos oficiales que exponen, precisamente, esas anomalías.
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Tampoco rehúyen al argumento de hacerse los desentendidos, aludiendo que desconocen de qué se les está señalando, pues no han recibido notificación oficial de las conclusiones de los reportes fiscalizadores. En realidad, los mismos reportes consignan los intentos de las dependencias y funcionarios observados por subsanar las anomalías, que en muchos casos, son inútiles. De cualquier modo, de que están enterados de las observaciones, lo están.
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La victimización es otra vía para evadir la obligación de dar explicaciones sobre las anomalías que se les atribuyen.
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Y también está el contrataque, en donde la autoridad señalada se dice blanco de una injusticia, una arbitrariedad o una ilegalidad, a la que promete dar respuesta.
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Es el caso de la alcaldía vállense que, como reacción a la revelación del millonario auto pago autorizado por el alcalde Adrián Esper para él y para su hermano y de la existencia de aún más cuantioso pasivo relacionado con un dudoso negocio inmobiliario, revira con una debil acusación de que se filtraron datos sensibles.
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El argumento demuestra ignorancia, toda vez de que la publicación de los reportes finales de fiscalización de la ASE está establecida en las leyes, presentan sólo datos públicos y éstos son difundidos a través de la página de la dependencia.
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En fin, que excusas hay bastantes, pero hasta ahora, no se ha visto a nadie en el servicio público hacer un ejercicio de autocrítica sobre las anomalías.
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En San Luis, el burocratismo mata. La prueba está en el asesinato reciente de una mujer en Mexquitic a manos de su ex pareja.
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Según la Fiscalía General del Estado, sí hubo medidas inmediatas de protección para ella, incluyendo la vigilancia policiaca… que sólo duran 72 horas.
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Una extensión temporal de ellas se debe buscar en los juzgados, es el argumento de la dependencia para justificar que no hubo incumplimiento de su parte.
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Las leyes podrían no haber salvado a la víctima, pero quizá si el criterio de una dependencia que tenía, al menos eso se quiere pensar, el pulso del asunto y conciencia de la gravedad de abandonarla.
