Prisión injusta Nuevo encontronazo
La prisión preventiva oficiosa es parte del debate judicial en el País. Opacado sí por las reformas, pero se ha ido calentando por la oposición de instancias internas y externas, principalmente relacionadas a la defensa de los derechos humanos, al considerarla un perjuicio a las garantías.
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La postura del gobierno federal ha sido la de que, de derogarse el mecanismo que permite a los jueces decretar el encarcelamiento de un presunto responsable de un delito sin argumentar una causa específica, le abriría las puertas a miles de criminales, lo que agravaría las condiciones de inseguridad del país.
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En San Luis, el Inegi ha revelado la magnitud de los internos cuyos expedientes se manejan por esa vía, que pone al estado entre las entidades punteras de la población encarcelada sin que haya un motivo específico que justifique el cautiverio.
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El gobierno estatal no se ha pronunciado al respecto, pero dada la inclinación a favorecer sin cortapisas los dictados del gobierno federal, lo más probable es que apoye su permanencia.
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Y mientras, el sistema penitenciario estatal encierra a centenares de personas sin sentencia, acercando a los penales, especialmente al de La Pila, a la sobrepoblación, que es uno de los factores que incide en los brotes carcelarios violentos, de los que ya se registraron dos en el principal penal del estado
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Ya está en marcha un nuevo encontronazo entre el gobierno estatal y la iniciativa privada por el manejo de los ingresos estatales, vía impuestos, para el impulso de actividades económicas.
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Al desencuentro por el manejo y destinos de los fondos del Fideicomiso para el Desarrollo Económico (Fideco) se le suma el pleito que seguramente estallará en torno al Fideicomiso de Inversión y Desarrollo del Turismo (Fidetur).
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El cuarto relevo en la Sectur, a la que llega Yolanda Cepeda, reactivó el debate, pues la Canaco-Servytur indicó que en lo que va de este año, no se han destinado recursos del fondo creado en 1999 a la promoción turística de la entidad.
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El asunto es que, de acuerdo al gobierno del estado, el Fidetur iba a extinguirse debido a los presuntos, y aún no probados, malos manejos de anteriores administraciones.
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En marzo de 2022 la segunda titular de la cartera, Patricia Véliz, habló del asunto. A la fecha, no se conoce ni de indagatorias, ni de sancionados ni de recuperaciones. Pero quedó establecida la idea de la extinción del fondo.
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Sin embargo, la figura financiera no ha desaparecido, y hasta fue objeto a inicios de este año de una reforma del Congreso a la Ley de Turismo, que quedó concretada apenas el día cinco de este mes con la aprobación del Pleno. Legalmente, el fideicomiso existe.
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Y por lo tanto, deberían rendirse cuentas sobre el destino de los fondos que nutren al fideicomiso, es decir, las recaudaciones del Impuesto sobre Hospedaje, que la Secretaría de Finanzas del gobierno gallardista sigue cobrando religiosamente.
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De acuerdo a las cuentas públicas de 2021 al primer semestre de este año, el gobierno estatal ha captado ingresos por 109.8 millones de pesos por ese concepto.
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Si la IP argumenta que no se han utilizado para su fin establecido, la promoción turística, ¿dónde está ese dinero?
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¡HASTA MAÑANA!
