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Las malas costumbres son difíciles de erradicar. Uno de los principales reclamos que se les hizo a los integrantes de la pasada Legislatura, considerada la peor en la historia política del estado, fue el de la opacidad. La información relevante, o incriminadora, como resultó ser, fue totalmente ocultada o, cuando no era posible hacerlo se escondía bajo una pesada capa de trámites o de información basura.
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Pues bien, parece que esos reclamos tienen que hacerse ahora a la actual legislatura, de acuerdo a los resultados del Consejo de Transparencia, que demuestran que esta Legislatura continúa con esa lamentable tradición.
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El Consejo de Transparencia es una instancia ciudadana que revisa, precisamente, que la información sea desplegada de manera correcta y respetando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
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Es una instancia que suele manejarse en bajo perfil, pero cuando aparece, suele poner en aprietos a los diputados.
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Y así ocurre otra vez, pues en su más reciente informe de labores, exhibe la opacidad de la LXII Legislatura.
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Este Congreso infringe 25 disposiciones de la Ley de Transparencia, al no ofrecer como es debido o, de plano, omite hacerlo, una gran variedad de datos e información pública.
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Quizá lo más sensible son los contratos de los trabajadores que están bajo el sistema de honorarios y el modo en que el Congrose distribuye los pagos de horas extras y otros beneficios.
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Pero incluso datos tan simples como directorios o el currículum vitae de los diputados y funcionarios también faltan.
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Hace unos meses, este diario consignó, precisamente, la ausencia de los contratos de los trabajadores por honorarios del Congreso. Se argumentaron fallas en el sistema para justificar la omisión.
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La persistencia de la falla, sin embargo, apunta más bien a un esfuerzo calculado e intencional de ocultar información.
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Y en ese sentido, no hay ninguna diferencia entre la peor Legislatura y la que prometió ser distinta.
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Si los comerciantes ambulantes se convirtieron ya en un dolor de cabeza para el gobierno de Xavier Nava Palacios, los propietarios de antros y centros nocturnos del Centro Histórico se suman a la fila.
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En un duro desplegado publicado hoy, el gremio acusa a la titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico del ayuntamiento, Rocío Zavala García, de persecución y hostigamiento a los propietarios de este tipo de negocios.
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Entre las acciones criticadas está el uso de elementos de la Guardia Nacional en operativos de acoso a los negocios.
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También señalan que los inspectores de la dependencia clausuran los negocios por motivos injustificados.
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No se trata del gremio que tenga la mayor cuota de confianza de la ciudadanía, pero el de los antreros está lanzando serios señalamientos que deberían ser respondidos por el ayuntamiento.
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El gobierno de Xavier Nava no precisa abrir otro frente con un sector de sus gobernados. El conflicto pondrá a prueba la capacidad negociadora con la administración que, de acuerdo a lo que se ha visto, no es la mejor habilidad de la administración.
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¡HASTA MAÑANA!