A-AA+
Golpe al SEA Van solos
De aprobarse la propuesta de la diputada local priista Patricia Silva de establecer un pago de honorarios a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el espíritu de la lucha anticorrupción en la entidad habrá muerto.
Lo anterior porque de ciudadanos independientes, sin ningún modo en que su actuación fuera coercionada o desviada, los consejeros se volverán empleados, encadenados a un sueldo y sujetos de algún grado de manipulación al ofrecerlo o amenazar con quitárselo.
Sería el último clavo a un sistema que ni siquiera ha empezado a funcionar para lo que fue creado, debido a la falta de nombramiento del secretario técnico del organismo.
Y el hecho que esto se deba a los desacuerdos entre los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que han paralizado a ese organismo y que ahora desde el Congreso se pretenda beneficiarles con un sueldo no puede ser una casualidad.
En varias ocasiones, algunos de los consejeros ciudadanos han expresado su inconformidad con el carácter honorífico de sus cargos. No parece importarles que las reglas así lo marcaban desde el principio.
No se puede precisar en estos momentos el origen real de la iniciativa: si es sólo de la legisladora, de la bancada del PRI, de todo el Congreso o son vehículos de una iniciativa proveniente del exterior del Legislativo.
Ni tampoco los motivos: si hay una verdadera preocupación porque los consejeros tengan un ingreso, pese a que concedérselo dañe sin remedio al sistema; o pueda ser incluso una estrategia para destrabar el embrollo que mantiene al SEA en tierra.
Cambiar ingresos por la cancelación de los desacuerdos internos del CPC sería muy provechoso para la administración estatal, que sufre la vergüenza de que en las tablas del sistema de monitoreo de los sistemas locales anticorrupción, el de San Luis esté considerado incompleto debido a que no se ha nombrado aún al secretario técnico del sistema.
El asunto pondrá pruebas interesantes al Congreso y a los consejeros ciudadanos, y hasta hoy, honoríficos, del SEA.
Si pasa la propuesta de la diputada Silva, será el Legislativo el responsable del duro golpe a la lucha contra la corrupción en el estado.
Y si los integrantes del CPC aceptan los ingresos que se negaron a recibir al incribirse como aspirantes a entrar en esa instancia, el golpe será mortal.
El mensaje de la Secretaría de Finanzas al Interapas y a las alcaldías de Soledad de Graciano Sánchez y la capital es que están solos en el problema de la eventual morosidad generada por la falta de pago de la deuda generada por El Realito.
No habrá rescate del gobierno del Estado, lo que viene a complicar un asunto ya de por sí empantanado por el rechazo tajante, y de hecho, un enfrentamiento, que hay entre ambas alcaldías.
¡HASTA MAÑANA!