¿Quién paga? A ciegas
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) enfrentará en los meses venideros una enorme presión debido a la ocurrencia del gobierno del estado de municipalizar Pozos.
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En una reedición local del sinsentido de la consulta sobre la revocación del presidente de la República, el Ejecutivo obliga a un órgano electoral a una onerosa misión: organizar una consulta ciudadana sin otorgarles los recursos necesarios para realizarla.
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El resultado fue una deslucida consulta cuyos escuetos resultados no dejaron satisfechos a nadie, pero sí implicaron un importante gasto.
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Lo mismo ocurre con la consulta sobre la municipalización de Pozos. El Ejecutivo y el Congreso arrojan al Ceepac la carga de pagar el ejercicio.
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A media voz, el órgano electoral alerta que no tiene recursos y que necesita una ampliación presupuestal para hacerlo.
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La misión está destinada al fracaso debido a que ya desde el inicio del año, le fue negada una petición de más recursos, derivada del recorte a que el gobierno del estado sometió al Consejo.
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No se ve mucha disposición ni del Ejecutivo ni del Congreso de cambiar de opinión ahora y ampliarle el presupuesto.
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Así las cosas, el paquete que le queda al organismo es enorme. El riesgo de una consulta hecha a medias, como ocurrió con la revocación de mandato, está latente.
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Hablando de cuestiones electorales, ni del Ceepac ni del INE ni de los partidos de oposición hubo un mínimo asomo de reclamo ante el descarado acto de proselitismo gubernamental en el que incurrió la administración gallardista en el ostentoso evento para celebrar el primer aniversario del triunfo electoral del PVEM.
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El que un gobernador llame sin tapujos a sumarse a las filas de su partido resultaría, en condiciones normales, un escándalo. Pero las autoridades electorales no se dieron por enteradas y la oposición parece que sigue noqueada tras el golpe que recibió en 2021.
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Malas noticias para los exfuncionarios del sexenio pasado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó modificaciones a su sistema de trabajo para frenar la presentación de los llamados amparos “buscadores”, utilizados por un ciudadano para averiguar si existe algún proceso en su contra.
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Fue el caso de la extitular de la Secretaría de Salud, Mónica Rangel, a principios de este año, cuando surgió la versión de la existencia de una orden de aprehensión. En su momento, tuvo una respuesta negativa, pero ya sabemos el final de la historia: fue detenida, sometida a proceso y se declaró culpable de un delito de corrupción y asociación delictuosa.
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También el ex encargado de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitán hizo lo propio. No ha enfrentado ninguna acusación formal. Hasta ahora.
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Pero el beneficio de ese recurso se anuló y ahora, en ese sentido, los integrantes del gabinete estatal pasado están a ciegas.
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¡HASTA MAÑANA!
