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Cuando empezaron a surgir los indicios de que el presupuesto federal para San Luis Potosí y ya cuando el recorte estaba encima, la Secretaría de Finanzas y los diputados fueron enfáticos al señalar que buscarían realizar ajustes en rubros que no fueran “prioritarios e irreductibles”.
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Sin embargo, parece que esa intención, al final, no pasó de las palabras y la tijera se centró en sectores que, al menos en el discurso oficial, son precisamente prioritarios e irreductibles.
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Los rubros de obras públicas, salud, seguridad pública y el campo fueron los mayores blancos del ajuste presupuestal, llevándose la mayor carga de la reducción de 751 millones de pesos que tendrá el presupuesto estatal el año entrante.
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El castigo parece ilógico, toda vez que urgen obras para la mejora de la movilidad, el sector salud ha sido uno de los más afectados en los recortes de este año y de la inseguridad, no hace falta decir lo prioritario que es que las autoridades mejoren su desempeño.
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Para lograr esos propósitos, se necesitan recursos. Y en lugar, ya no digamos de aumentar, sino mantener lo que se había previsto, se les recortó.
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La idea de que las prioridades en el Ejecutivo y el Legislativo a la hora de diseñar el ajuste no tomaron en cuenta la realidad de San Luis se complementa con la lista de las dependencias que sí tuvieron incrementos.
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Que los municipios reciban más recursos no es censurable, pero que el DIF, que ya disfrutó de un buen incremento en comparación con este año, reciba todavía 20 millones de pesos más o que la Secretaría General de Gobierno, que no tiene a cargo ninguna obra o acción relevante, mantenga su presupuesto, de 441 millones de pesos, desafían al sentido común.
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También resulta llamativo, y no de manera positiva, que el Congreso y el Poder Judicial mantuvieran intocados sus presupuestos. Ahí la carga del recorte no fue pareja.
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Además resulta un contrasentido que, pese a la tormenta, la partida para servicios personales de todas las dependencias estatales se mantenga sin cambios. Esa sí es una prioridad para diputados y funcionarios estatales.
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Parece que en los Servicios Estatales de Salud pudo más la fe guadalupana que la obligación de dar explicaciones a un potencial escándalo de descomu-
nales dimensiones.
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Quizá aprovechando el feriado que, por religioso, parece injustificado para el servicio público, la dependencia que dirige Mónica Rangel hizo mutis a la revelación que hizo el jueves el columnista Juan José Rodríguez de que, a través de una grosera falsificación, la dependencia y un notario intentaron falsificar documentos para demostrar la propiedad de los predios del Hospital Central.
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La medida ilegal fue ideada para cumplir los requisitos de la inversión federal en la remodelación del hospital, pues por la vía correcta, iba a ser muy difícil ya que la propiedad de los terrenos recae en un patronato cuyos integrantes ya murieron.
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En la versión del periodista, el gobernador Juan Manuel Carreras López se dio cuenta de la patraña y le puso freno.
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Sin embargo, ayer sólo hubo silencio de los Servicios de Salud sobre ese asunto.
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¡HASTA MAÑANA!