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Cuando el revuelo estalló en Puebla al revelarse la aprobación de la polémica Ley de Educación de ese estado y el gobierno del morenista de Miguel Barbosa Huerta, aguantaba el chaparrón de críticas por presuntos afanes intervencionistas en la educación privada, en San Luis Potosí, una reforma semejante, que contenía las mismas polémicas disposiciones que en el estado poblano, ya tenía cuatro días aprobada.
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Tras la ola de críticas que desató la aprobación de la ley en Puebla, el propio mandatario estatal y el Secretario de Educación Pública, el presunto aspirante a la gubernatura potosina, Esteban Moctezuma, se apresuraron a mitigar los señalamientos contrarios aduciendo que el punto más controvertido, el de la virtual expropiación de los bienes inmuebles de las instituciones de educación privadas, era un falso debate y que no ocurriría en realidad.
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Pero los avisos no trajeron la calma para todos y hay quienes, desde ese ámbito académico, desde la iniciativa privada y desde la oposición, especialmente la panista, siguen advirtiendo que se viene una ola de intervencionismo estatal en la educación privada.
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Ese contexto adverso podría envolver al Congreso y al Ejecutivo locales ahora que se descubrió que aquí hicieron prácticamente lo mismo.
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Están en la reformada Ley de Educación del Estado la controvertida disposición de incluir en el sistema Educativo Estatal a los bienes muebles e inmuebles de escuelas y colegios privados, así como también disposiciones que permiten fiscalizar, controlar, revisar, prohibir y sancionar diversos aspectos que se han considerado coto de este tipo de instituciones.
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Algunos suenan lógicos y necesarios, como el de limitar y sancionar excesos, como el condicionamiento del servicio a la compra de útiles y uniformes en la institución, o la retención de documentos oficiales por adeudos. Es decir, prevenir abusos de estas instituciones, que los hay.
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Pero en el tema sensible de la posible “expropiación” de instalaciones, la ambigüedad de la legislación sigue generando resquemores.
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Lo que resalta del caso potosino es el sigilo con el que fue aprobada pero, sobre todo, el tratamiento exprés que le dieron el Ejecutivo y el Congreso al aprobar los diputados y publicar el Periódico Oficial del Estado la citada ley el mismo día. Pocas veces se ve tal celeridad en el trámite de una legislación.
El afán de que la oficialización de la Ley se diera cuanto antes, para que la ciudadanía, y sobretodo, los afectados, se toparan con hechos consumados resulta demasiado evidente.
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La idea anterior se resalta debido a la ausencia de una convocatoria a los sectores involucrados, especialmente del sector educativo privado, a conocer, discutir y opinar la reforma, sobre todo, porque tocaba los puntos sensibles arriba citados.
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También llama la atención que la bancada panista, que votó en bloque contra la reforma, no hiciera mayor comentario sobre la controversia venidera que decir que la modificación legal era sólo un “copy paste” de la legislación federal, la que disolvió la reforma educativa peñanietista. Es decir, sólo se criticó la forma y no el fondo.
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En suma, parece que se les abrirá otro frente al Congreso y al Ejecutivo. Como si necesitaran uno más.