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En 2011 y 2012, el modelo de negocio del proyecto El Realito recibió reconocimientos internacionales por la innovación de su estructura financiera.
Pero años después, el negocio está empantanado por un pleito de deudas entre sus socios, lo cual no despertaría interés más que en los círculos financieros si no fuera porque en medio están miles de capitalinos cuyo suministro de agua potable depende de que el acueducto funcione.
Así, los habitantes del oriente de la capital corren el peligro, en plena pandemia de COVID-19, de carecer de agua durante un lapso largo. Ya lo están sufriendo actualmente, debido a una falla, otra, del sistema, pero la comunicación que hace Operadora El Realito, la empresa que maneja el acueducto, al Interapas, anticipa una crisis de mayor nivel, que no se va a solucionar sólo con soldar unos tubos.
Los capitalinos son cautivos de un litigio ajeno, en el que participan empresas de España, Francia, Japón y México, cuyos ingresos representan millones de dólares.
El Realito ha entrado al enorme listado de obras y proyectos que en principio parecen buenas ideas, pero con el tiempo, dificultan aún más los problemas que debían resolver.
Dicha idea fue la de dejar en manos de empresas privadas un servicio de vital importancia como el abasto de agua potable. El conflicto que se descubre hoy evidencia que la efectividad del sector privado en estas tareas no siempre se da.
Y tan metida está en el problema como los capitalinos, está la Comisión Estatal del Agua. La dependencia que dirige Alfonso Medina Salazar fue convocada como mediadora en el litigio privado. Tendría todo el derecho de negarse a participar, pues no hay ninguna obligación legal de intervenir, pero no puede negarse.
Su margen de maniobra es mínimo, sin embargo. Desde ya, la posibilidad de una intervención financiera en favor de una empresa está descartada. No sólo porque le acarrearía una enorme crítica al gobierno estatal, sino simplemente porque tampoco dispone de recursos para hacerlo.
Lo que puede hacer, sin embargo, es exigir el cumplimiento de los contratos firmados o acudir a los mecanismos legales de los que dispone la CEA.
Sin embargo, su prioridad debe ser garantizar el abasto de agua para miles de capitalinos, que no son responsables de los pleitos empresariales que afectan al acueducto.
Por cierto, la relación entre las empresas vinculadas al funcionamiento del Acueducto El Realito es imbricada y pone en la misma mesa a las partes enfrentadas.
La empresa Aquos El Realito, concesionaria del acueducto y señalada como deudora, es un consorcio integrado por la empresa española Aqualia Gestión Integral del Agua, su filial Aqualia Infraestructuras, la mexicana Controladora de Operaciones de Infraestructura SA de CV, vinculada al grupo ICA, y Servicios de Agua Trident, filial del grupo japonés Mitsui en México.
La empresa contratista es otro consorcio, Constructora de Infraestructura de Aguas del Potosí SA de CV, en donde tiene acciones Aqualia Infraestructuras, FCC Construcción, también española e ICA.
Por su parte, la Operadora El Realito, la encargada de la operación y el mantenimiento de la obra, la integran Aqualia GIA, ICA e, inicialmente Proactiva Medio Ambiente, que luego fue absorbida por la francesa Veolia.
Al tener el 70% de sus acciones, resulta la más afectada por los incumplimientos de sus socios.
¡HASTA MAÑANA!