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No podía ser de otra manera ni otro el resultado: San Luis Potosí seguirá en rojo hasta mediados de agosto, al renovarse la alerta de riesgo máximo en la entidad.
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A diferencia de las semanas anteriores, cuando al menos el indicador de porcentaje de hospitalización se mantenía en verde y con un cómodo margen, ahora los cuatro rubros en que se basa el semáforo se movieron al rojo.
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Se trata de una situación grave, pues ese era el principal activo del estado para seguir presumiendo el control sobre la enfermedad. Ayer, el hospital del ISSSTE tiró la toalla y anunció que ya no puede recibir más pacientes de COVID.
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Otros hospitales enfrentan la posibilidad concreta de seguir el mismo destino. Se habla de un escalamiento de infraestructura, pero será todo un desafío resistir incidencias de hasta 400 casos que, casi de la noche a la mañana, tiene que enfrentar ahora la entidad.
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Es muy probable que el lunes, cuando entre en vigor el nuevo semáforo, el estado ya llegue a los diez mil casos y se acerque o rebase los 500 fallecidos.
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En el mundo real, nadie le puede decir que no a un semáforo: si marca rojo, ignorarlo es motivo de sanción.
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La Secretaría de Salud insiste sin embargo en diluir el poder restrictivo del semáforo sanitario. Decir que sólo tiene un carácter informativo es alentar, en los hechos, a “pasarse” el semáforo en rojo.
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La situación de San Luis se vuelve delicada porque más allá del rojo no queda mucho margen de maniobra para las autoridades y el virus tiene todavía mucho campo por delante.
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Donde se viene un problema grave es en el sector educativo. Uno de los sectores más afectados es el de la educación privada, que resentirá la baja de inscripciones de alumnos, cuyas familias, debido al deterioro de la economía y de los ingresos, ya no son capaces de pagar las colegiaturas.
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La alternativa natural de esas familias es el sistema de educación pública. Sin embargo, entre las escuelas adscritas a la SEGE y al SEER empieza a circular la indicación de que por ningún motivo se puede aceptar a nuevos alumnos para el próximo ciclo.
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“Los grupos están saturados por lo cual no se darán más nuevos ingresos”. Incluso se ordena la devolución de cualquier cantidad que los padres de alumnos de nuevo ingreso hayan pagado.
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Y luego, una indicación que abre la puerta a la práctica de las recomendaciones, al señalar que sólo se permitirán las inscripciones que remitan las autoridades educativas.
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Así pues, se van perfilando dos riesgos muy graves para el sector educativo: el de la supervivencia de las instituciones privadas, puesta en peligro por la baja de demasiados alumnos, y el que una cantidad importante de estos se queden en el limbo, al no poder seguir en instituciones privadas, pero tampoco poder insertarse en escuelas públicas ante el rechazo de éstas.
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